Siete años después de su imputación en la operación Campeón por parte de la juez Pilar de Lara, la Audiencia Provincial de Lugo ha archivado provisionalmente la causa contra el que fuera conselleiro de Industria en la etapa del bipartido, Fernando Blanco. En octubre de 2011 había presentado su renuncia al escaño de diputado autonómico por el BNG y a su candidatura al Senado por la provincia de Lugo, para así poder defenderse de las acusaciones de haber recibido comisiones de intermediación por parte del empresario lucense Jorge Dorribo, principal imputado en la operación Campeón. "Siento más rabia que satisfacción porque ya pasaron casi ocho años. Pasaron tres jueces, un número indefinido de fiscales, múltiples informes policiales que coincidían uno tras otro en que no había enriquecimiento, que no había una mejora del patrimonio, pero sistemática servían para seguir prorrogando, prorrogando y prorrogando hasta ahora", se lamenta el exconselleiro en declaraciones a El Progreso.

La instrucción de la Campeón -en la que también se involucró al exministro de Fomento José Blanco, al exalcalde de Lugo Xosé Clemente López Orozco o al diputado del PP Pablo Cobián- la inició la juez Estela San José, que después envió a reparto la pieza separada que afectaba a Fernando Blanco, que le tocó en suerte a Pilar de Lara, a la que ahora se le ha abierto un expediente por retrasos indebidos y abuso procesal.

El auto judicial, hecho público el pasado viernes, dicta el sobreseimiento por la demora en la instrucción y la falta de credibilidad de las acusaciones realizadas contra Blanco por el dueño de los ya desaparecidos Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, ya que no pudieron ser corroboradas.

La Audiencia de Lugo argumenta que "señalar que todavía restan diligencias por practicar, no puede servir de base de manera genérica para sostener una imputación en el tiempo" y además cuando, según precisa el tribunal, "solo se basa" en la declaración que realizó el principal investigado en 2011.

Jorge Dorribo aceptó en 2017 cinco años y 11 meses de prisión -inicialmente se pedían 24 años- y una multa de 6,1 millones de euros por cinco delitos: contra la hacienda pública, por falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible.

La investigación sobre José Blanco se cerró en 2013 por parte del Supremo -dado que era diputado en el Congreso- y dictó el sobreseimiento por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Y un año antes, la juez Estela San José había archivado también la causa abierta contra Orozco.

En la o peración Campeón también estaba en el foco el Igape, por la concesión irregular de subvenciones a Dorribo. Dos de sus responsables, su director, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, pactaron con el fiscal multas de 2.160 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.