Igual que ocurre con los magistrados y los fiscales, muy excepcionales han sido las ocasiones en los que los letrados de la administración de Justicia (secretarios judiciales) han tomado la determinación de ir a la huelga. Uno de los pocos precedentes hay que buscarlo en 2008, cuando, junto a los jueces, protagonizaron un histórico paro en protesta por las sanciones derivadas del caso Mari Luz y la falta de medios.

Una década después los letrados judiciales de toda España volverán a la huelga, esta vez para exigir un salario "justo y adecuado" a las funciones y responsabilidades que ejercen, "que ponga fin" a su "precaria situación laboral", así como en demanda de una Justicia "distinta, moderna y eficaz" para prestar el "mejor" servicio a los ciudadanos.

El colectivo está convocado a este paro parcial, que se realizará el martes de 10.00 a 12.00 horas, dos horas en las que la actividad es frenética. Por ello, la protesta obligará a suspender juicios, tomas de declaraciones y otras diligencias.

Las horas del paro son de gran actividad. Se considerarán "servicios esenciales", que no podrán ser suspendidos, las actuaciones en las que venzan plazos y cuyo incumplimiento pueda suponer pérdida o perjuicio de derechos, las medidas cautelares o provisionales, la actividad del juzgado de guardia, los juicios penales con preso o "todas las actuaciones" relativas a la atención a las víctimas de violencia de género. Para estos procesos, deberán hacer servicios mínimos el letrado judicial del juzgado de Instrucción que esté de guardia y, en el caso del resto de salas, un profesional por cada diez órganos que compartan sede física.

El paro de los letrados judiciales ha estado precedido de concentraciones celebradas antes del verano y que tuvieron una alta participación. Debido al cambio de Gobierno, se dio un margen a la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, pero finalmente se ha anunciado la huelga por la falta de avances en sus demandas. "El ministerio no nos deja más alternativa que la vía del conflicto colectivo", reza un escrito de las asociaciones, que recuerdan que han asumido nuevas responsabilidades y carga de trabajo como consecuencia de reformas sin que esto haya repercutido en un alza de sus retribuciones.

Este colectivo, que se considera "infravalorado, sobre cualificado y desaprovechado para la administración pública", se queja de la descompensación entre sus salarios y las atribuciones que las últimas reformas judiciales les han dado.

Según explican los representantes del colectivo, el Ministerio de Justicia ha tratado de promover en los últimos años "una cultura de resignación y de falta de movilización, diálogo, y desunión interesada". Los juicios o las tomas de declaraciones tendrán que suspenderse debido al paro ya que los letrados judiciales son quienes deben "dar fe" de esas actuaciones. "La previsión es que el seguimiento será alto", afirman fuentes del colectivo.