Los gallegos recurrieron en 2017 una de cada seis las sentencias dictadas por los jueces. Y de ellas, solo el 18% fueron revocadas en su totalidad o de forma parcial. Durante el pasado año, los magistrados expidieron algo más de 314.000 resoluciones. La mayoría (ocho de cada diez) fueron acatadas por las dos partes en litigio. Sin embargo, el 17% fueron recurridas ya sea porque el falló perjudicaba a una de las partes o porque consideraban que no reparaba de forma satisfactoria el daño causado.

Los gallegos tienen confianza en la Justicia. A ella acuden para impugnar las decisiones judiciales que consideran injustas. Pero las estadísticas muestran que las probabilidades de que prosperen esos recursos son bastantes escasas. Solo el 18,3% de las sentencias que se recurrieron durante el pasado ejercicio sufrió alguna modificación en segunda instancia. El 81,7% fueron confirmadas en su totalidad tras rechazarse el recurso, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, el comportamiento por jurisdicciones fue diferente.

Las sentencias de los Juzgados de lo Social de Galicia fueron las más recurridas con diferencia. Hasta casi un tercio de ellas (el 32,4%) fueron impugnadas durante 2017. Estos juzgados llevan, sobre todo, los temas relacionados con los despidos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o cualquier conflicto laboral. Este porcentaje situó a Galicia como la séptima comunidad en la que los asuntos relacionados con el empleo fueron más recusados.

Los Juzgados de lo Social en la comunidad tuvieron el porcentaje de recursos más elevado, pero las opciones de que las reclamaciones prosperasen fueron igual de bajas que en el resto. Ocho de cada diez fueron confirmadas por los magistrados. Es decir, no hubo cambios. Solo el 11,8% de los recursos presentados en 2017 sirvieron para revocar la sentencia en su totalidad de los órganos de lo Social, mientras que en el 4,6% lo hicieron de forma parcial.

Las sentencias de los Juzgados de lo Penal, que son los encargados de dilucidar sobre violencia de género y menores, entre otros, fueron las segundas más impugnadas por los gallegos. Hasta el 20% fueron recurridas por alguna de las partes. Solo hubo otras tres comunidades con un porcentaje mayor: Cantabria (31%), Asturias (24,9%) y Madrid (24,7%).

La suerte que corrieron estos recursos fue muy parecida a la de las causas de lo Social. Ocho de cada diez (79,6%) fueron confirmadas y solo el 6,3, revocadas en su totalidad y el 13,1%, de forma parcial.

Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo fueron las terceras más recurridas. Estos juzgados dirimen los litigios entre los ciudadanos y la administración. Durante 2017, el 18,6% de las causas de estos juzgados fueron recurridas. Pese a ser una cifra elevada, solo fue la cuarta mayor a nivel nacional. Si en el caso de las sentencias de los Juzgados de lo Social el porcentaje de las que se confirmaron alcanzó el 81% y en las de lo Penal rozó el 80%, en las de lo Contencioso-Administrativo bajaron 10 puntos hasta el 71,4%. De esta forma, las sentencias en estos juzgados alcanzaron el mayor porcentaje de las que fueron revocadas en su totalidad (19,5%) mientras las que fueron modificadas de forma parcial llegaron al 7,5%.

Por último, en los Juzgados de lo Civil, entre los que se incluyen los de Mercantil, se recurrieron el 8,8% de las sentencias. Galicia ocupó la séptima plaza. Lideraron la clasificación País Vasco (14,6%) y Aragón (14,4%). La cerró Extremadura con el 6,1%. La media nacional fue del 8,2%, similar al porcentaje gallego.

Las sentencias de los órganos de jurisdicción civil fueron las que menos se movieron. El 90% fueron confirmadas, mientras que solo el 5,4% fueron revocadas en su totalidad y el 4,2% de forma parcial.