La imputación judicial en la operación Campeón acabó con la carrera política de Fernando Blanco, exconselleiro del BNG en la Xunta bipartita y diputado autonómico y aspirante al Senado en el momento en que fue salpicado por las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, condenado a cuatro años y cinco meses de prisión. Casi ocho años después, su caso fue archivado. "A mí lo que me resarciría es que no volviera a sucederle a nadie", expuso ayer Blanco, que lamentó haber estado "inhabilitado en términos políticos ocho años" y pidió una reflexión a todos los partidos sobre el "uso de la justicia como arma política" para acometer una modificación legal que evite esas situaciones.
Acompañado de sus abogados, Blanco compareció ante los medios un día después de trascender que la Audiencia Provincial de Lugo archivaba las pesquisas sobre su persona. "Es evidente que después de siete años la justicia llega tarde", declaró. Junto a sus letrados, insistió en la falta de motivos para que el caso no se archivase antes.
En un primer momento, dimitió de su escaño en la Cámara autonómica "absolutamente convencido" de que en cuestión de meses sería exonerado y para no perjudicar al BNG, cuyo líder entonces, Guillerme Vázquez, era contrario a su adiós. Xoán Pérez Lema, abogado de Blanco, recordó que en 2014 ya pudo cerrarse el caso sobre su cliente, pero ni la juez ni la Fiscalía atendieron a las pruebas. Recordó sus varias quejas sobre las dilaciones injustificadas de las pesquisas de la magistrada Pilar De Lara, a la que el per judicial ha abierto expediente por ese motivo.
Blanco lamentó el uso partidista de las imputaciones a los partidos a los que "no le gustan los resultados" electorales, extremo empleado precisamente por el Bloque para forzar el adiós a la política del exalcalde de Lugo, Xosé López Orozco, o impedir al alcalde de Becerreá Manuel Martínez presidir la Diputación de Lugo. El exconselleiro descartó un regreso a la política, que percibe más polarizada que hace una década.
'Operación Pokemon'
Uno de los principales investigados en la operación Pokemon, el exedil de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, aseguró ayer ser una víctima de la juez De Lara, a la que el poder judicial ha abierto expediente por prolongar la instrucción excesivamente de un caso que estalló en 2011 y que analiza el pago de sobornos a cambio de contratos públicos.
Liñares se declara "absolutamente inocente" tras ser detenido en 2012 acusado de cohecho y tráfico de influencias y considera que "se veía venir" la investigación a la juez por el retraso de la instrucción.
