No solo hay listas de espera en el Sergas. En la Justicia, también toca armarse de paciencia desde que entra un asunto en el juzgado hasta que se dicta sentencia. Durante la crisis, la situación de congestión y atraso judicial se agravó en todo el país, hasta el punto de que jueces y fiscales calificaron la radiografía de la Administración de Justicia de caótica. Con la mejora de la situación económica la litigiosidad se redujo y, en consecuencia, la carga de trabajo por órgano judicial también disminuyó. Sin embargo, no en todos los ámbitos jurisdiccionales se han logrado reducir los tiempos de respuesta de la Justicia y en algunos casos rondan el año. En Galicia, la mayor demora la acusan los juzgados de lo Mercantil con 11,8 meses de media, según el balance del año pasado hecho público ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata del retraso más acusado de la última década en Galicia para los asuntos relacionados con quiebras de empresas y concursos de acreedores, aunque está por debajo de la media registrada en 2017 en el conjunto del país para este tipo de asuntos, con casi año y medio de espera en la resolución (17,1 meses).
Por primera vez, el Poder Judicial hizo público el tiempo de duración de los procesos judiciales. La información aparece detallada tanto por órgano y orden jurisdiccional, como por año, tipo de procedimiento o materia y ámbito geográfico. Para efectuar el cálculo del plazo medio estimado, se ha utilizado un modelo matemático a partir de las cifras de asuntos ingresados, resueltos y en trámite al comienzo de cada periodo en cada órgano judicial.
En casi todos los ámbitos jurisdiccionales, los jueces gallegos dan respuesta antes a los asuntos que entran en sus tribunales que en el resto de España. Los tiempos de resolución en los tribunales de la comunidad son de lo más variopinto: desde los apenas dos meses que tarda en resolver un asunto que entra en los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, pasando por los casi 7 meses de demora en los juzgados de lo Penal o de lo Contencioso-Administrativo hasta los 11 meses de los juzgados de lo Social y los 11,8 en los de Mercantil, según las estadísticas del año pasado del CGPJ.
Tasas superiores
De todos los órganos judiciales en la comunidad, en cuatro áreas la media de resolución supera el tiempo que tardan los jueces en el resto del territorio. Con esperas superiores a las registradas de media en el conjunto del país están la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en su mayoría recursos que afectan a despidos u otro tipo de conflictos laborales, junto con los juzgados de Violencia contra la Mujer en asuntos civiles, así como los órganos de primera instancia en el ámbito penal y los juzgados de lo social.
En el TSXG, los conflictos sociales tardaron el año pasado en resolverse una media de 4,8 meses, el peor balance de la década en la comunidad, y unas décimas por encima del balance nacional (4,6 meses). En los juzgados de Violencia contra la mujer en los procedimientos civiles la demora en la resolución en Galicia supera los 8 meses, el tercer peor balance de los últimos diez años y un par de meses más que la tasa de resolución en el conjunto del país (6,5). En los juzgados de instrucción gallegos en el ámbito civil la espera es de 2,7 meses frente a los 2,3 de media en España. Y finalmente, en los juzgados de lo social aunque en 2017 se lograron reducir los tiempos de respuesta en Galicia (11 meses) todavía se quedan por encima de los 9,4 de media en el resto del país.
Con el mejor balance de la última década en Galicia, destacan los asuntos resueltos en la Sala de lo Contencioso del TSXG (9,7 meses de media el año pasado frente a los más de 14 en el conjunto del país). También los procesos penales en los juzgados de Violencia contra la Mujer (3 meses, la misma tasa de resolución que la media nacional).
Durante el último año se ha logrado reducir el tiempo de espera en estos dos ámbitos en la comunidad, así como en la Sala de lo Contencioso del TSXG, los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, los juzgados penales, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
El informe del Poder Judicial también incluye información correspondiente a la movilidad del personal dentro del órgano judicial o la aplicación de medidas de refuerzo, entre otros. Estos aspectos se deben tener en cuenta por la influencia que esas variables tienen sobre la duración de los procedimientos. "Es previsible que los tiempos de respuesta sean más largos en los juzgados y tribunales con mayor movilidad del personal y que, por el contrario, mejoren cuando el órgano judicial cuenta con una medida de refuerzo y tiene estabilidad en su composición", concluye el CGPJ.
