La Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento empleó una hora en recibir la documentación definitiva, revisarla y autorizar la puesta en marcha en 2011 de la línea Ourense-Santiago en la que se produjo el accidente de Angrois en julio de 2013, en el que perdieron la vida 80 personas y 144 resultaron heridas, Así lo desveló la portavoz de En Marea en la comisión del Congreso que investiga el siniestro de 2013, Alexandra Fernández, en referencia a dos correos electrónicos que prueban que la luz verde definitiva a la puesta en servicio de la línea llegó en una hora. Y lo hizo ante el exjefe del área coordinadora de Seguridad Ferroviaria, Eduardo Santiago, que estaba compareciendo ante la comisión y defendía que habían sido 48 horas, coincidiendo con el testimonio que ofreció en su día el entonces coordinador del Transporte Ferroviario en la Dirección General de Ferrocarriles José Luis González. Los documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, reflejan que la hora de entrada de la solicitud de puesta en servicio de la línea fue las 12.09 horas del 9 de diciembre de 2011, y la respuesta con la autorización para la misma se produjo a las 13.26 horas del mismo día.

En el primero de los correos se indica que la documentación había sido enviada a la Dirección de Infraestructuras entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre, pero Santiago aseguró que antes de que se enviase la información necesaria para la puesta en servicio, esta ya se había revisado "punto por punto durante un tiempo amplio". Eso sí, el compareciente reconoció que no se acordaaba de cómo se hizo esa revisión previa, pero insistió en que sabe que estuvieron trabajando en ella. "No tengo información concreta de mis trabajos de hace 12 años", defendió.

La parlamentaria de En Marea mostró los correos que evidencian que la autorización se produjo en una hora. "Los documentos ya estaban. Los certificados finales ya estaban analizados", incidió el exresponsable de Adif. La carta se la remitió el entonces presidente de Adif, Antonio González, al que era director general de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos Juárez. Precisamente, a este último le señaló Santiago como una de las personas que podría proporcionar "información adicional" a la comisión en relación a los correos que se intercambiaron Adif y Fomento para el análisis previo al que se refirió.

La directora de BelgoRail -una de las dos entidades de certificación ferroviaria que trabajan en España-, Marta Carvajal, también compareció ayer en la comisión y subrayó que "no debe" otorgarse la puesta en servicio de una línea ferroviaria sin la certificación de un organismo independiente. El enclavamiento de Santiago, cinco años después del siniestro, sigue sin el informe de un evaluador independiente de seguridad (ISA, por sus siglas en inglés), algo que según Carvajal exige la norma Cenelec (Comité Europeo de Normalización Electrónica) en el sistema de señalización. Sin embargo, rechazó valorar si el riesgo de la curva de A Grandeira, en la que se produjo el accidente, era "aceptable" o si la desconexión del sistema de frenado automático ERTMS era "significativo", porque su empresa no realizó certificación alguna en la línea. Pero hizo hincapié en que los expertos del proyecto deben decidir ante cualquier modificación si el cambio introducido es significativo y que, en caso de que lo sea, es entonces cuando entran los evaluadores independientes de seguridad.

Por otra parte, la comisión ha convocado a la mesa de este organismo el próximo 5 de diciembre para decidir si incluye la comparecencia del cargo de Ministerio de Fomento cuya versión desmonta la de Adif sobre por qué retiró el sistema de control ERTMS de los últimos kilómetros de la línea.