La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, tuvo que rendir cuentas ayer durante más de tres horas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le abrió un expediente disciplinario por retrasos que considera injustificados en sus causas y por un incremento "ficticio" de su volumen de trabajo. La magistrada, que durante años fue el azote de la clase política gallega y que instruye la mayor causa contra la corrupción en Galicia, la operación Pokemon, defendió ante el tribunal que las dilaciones en sus casos estaban justificadas y que cuando no fue así, no fue imputable a su trabajo sino a trámites pendientes o a tareas que dependían de otros funcionarios. Según su abogado, Agustín Azparren, la juez presentó "abundante documentación" y respondió "punto por punto" al informe en el que se sustenta la investigación. "Tenemos una sensación muy buena porque contestó con firmeza y con todo detalle y memoria sobre cada proceso, exponiendo que los retrasos estaban justificados y cuando no, era porque dependía de otros funcionarios o de trámites pendientes y no se podía hacer nada mientras", explicó el letrado.

La juez instruye, además de la Pokemon, otras causas importantes como la Carioca, la Campeón, la Cóndor, el caso Garañón o la operación Pulpo y sus imputaciones han forzado la retirada de políticos como Xosé Clemente López Orozco, que dejó la Alcaldía de Lugo, Xosé Ramón Gómez Besteiro que dimitió como secretario xeral del PSdeG o Fernando Blanco que abandonó su escaño en el Parlamento gallego. Precisamente la causa contra el exconselleiro del BNG,que llevaba siete años investigado, fue archivada hace unos días por la Audiencia de Lugo. La Pokemon lleva en instrucción desde 2012 y la Carioca, que investiga una supuesta red de prostitución y corrupción que opera en Lugo, se inició en 2009. De Lara defendió ayer que "en ninguno" de los casos señalados, las dilaciones fueron por su responsabilidad, sino que obedecían a trámites de informes, diligencias de periciales, exhortos o recursos de apelación que aún no se habían resuelto. Y entregó documentación de las causas para acreditar que lo que depende de ella se resuelve "el mismo día o en dos o tres días, con poco margen". Según el letrado, "casi todas" las objeciones versaban sobre la macrocausa por la Carioca, dado que es más voluminosa incluso que la de los atentados del 11 de marzo de 2004. Ahora, si el fiscal no solicita más pruebas, el caso podría archivarse o derivar en un pliego de cargos contra la magistrada que acabaría en la Comisión Disciplinaria del Consejo.