La juez Pilar de Lara, instructora en Lugo de varias causas de corrupción como el caso Pokemon, ha achacado los supuestos retrasos injustificados por los que le investiga el Poder Judicial a algunos trabajadores del juzgado y ha recordado que un funcionario llegó a acumular más de mil escritos sin proveer.

Unos argumentos que esgrimió ayer De Lara ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, órgano que le abrió un expediente por supuesta "desatención o retrasos injustificados en la instrucción" y por tomar decisiones que, con "manifiesto abuso procesal", causen ficticios incrementos del volumen de trabajo.

Fuentes jurídicas han explicado a Efe que la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo defendió durante casi tres horas que ella siempre acostumbra a dictar todas las resoluciones en plazo.

Y aunque alabó el trabajo y sacrificio de la mayoría de funcionarios de su juzgado, recordó que el funcionamiento del mismo no es del todo deseable, tanto por algunas personas como por los retrasos en la digitalización de los tomos que dilatan el procedimiento.

Recordó que en el juzgado se descubrió que uno de los funcionarios llegó a acumular más de 1.000 escritos, un letrado de administración de justicia (secretario judicial) tenía atestados sin tramitar en su mesa cuando cesó y que la primera juez de refuerzo que tuvo se dejó bastantes sentencias sin poner.

Todo eso, dijo, unido a la huelga que los funcionarios de la administración de Justicia encabezaron en Galicia durante casi cuatro meses.

La jueza alegó que de las 206 causas que instruía en 2015, ahora quedan 47; en torno a una decena son macrocausas, entre las que se encuentra el caso Carioca, que acumula 273 tomos y unos 130.000 folios en los que se investiga una presumible red de prostitución y corrupción que operaba en Lugo.

También el caso Pokemon, sobre una supuesta trama de corrupción en varias administraciones locales, el caso Garañón o el Pulpo, por los que José Ramón Gómez Besteiro tuvo que dejar el liderazgo de los socialistas gallegos.

De Lara protestó además porque, aunque el CGPJ le concedió algún juez de refuerzo, no ampliaron el número de funcionarios en su juzgado.

Tras la declaración de la juez, el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ debe ahora interrogar a la letrada de la administración de justicia de su juzgado y después decidir si el expediente disciplinario sigue adelante o no.