La recuperación del mercado inmobiliario ya sea para comprar o alquilar vivienda también se ha notado en la actividad empresarial relacionada con este ámbito, en concreto, con la apertura de nuevas agencias de intermediación, o de negocios de promotores, constructores y cooperativas que se dedican a esta actividad. Si bien incluso durante la crisis del ladrillo la tendencia se ha mantenido siempre ascendente, es llamativo el incremento en el último año con 547 empresas nuevas hasta alcanzar las 7.318, cuando de media el número de aperturas rondaba de media entre las 300 o 400 por año durante la recesión. Se trata además del máximo histórico y el triple respecto a las 3.505 que funcionaban hace una década en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, según los datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, una por cada 370 habitantes y es uno de los sectores que más crece junto con la hostelería a pesar de que no hay tantas inmobiliarias como bares, con uno por cada centenar de vecinos.

La regulación del sector es una asignatura pendiente desde hace ya más de una década y los colegios oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria llevan trabajando desde entonces para que ésta fuera una realidad. Critican que los nulos requisitos que se exigen a promotores, constructores y para la intermediación permitieron que en época del boom del ladrillo se convirtiese en un nicho de mercado para muchos y que ahora, al reactivarse el mercado, se note de nuevo ese repunte.

No es necesario estar colegiado, ni tener una licencia, ni un título, ni haber superado ningún examen o tener una certificación de agente inmobiliario, por eso el sector demanda desde hace años una regulación del sector que evite el intrusismo, norma que deben aprobar las comunidades y que pese a años de reclamaciones ninguna ha llevado a cabo.

Además, el sector recibió este año otro varapalo al considerar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) . El ente considera que mientras no se produzca una reforma en profundidad, el borrador de Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, remitido por el Ministerio de Fomento, debería replantearse si la vía de acceso a la profesión a través de una titulación universitaria debería mantenerse o si cabe establecer una reducción de los requisitos educativos exigidos, ya que se trata -aclara el organismo- de una profesión que está liberalizada.

Aunque por la calle se vean más inmobiliarias, la mayoría son pequeñas hasta el punto de que el 75% -unas 5.531- no tienen asalariados. Y de las 1.787 empresas que sí cuentan con personal, el 85% tienen solo entre uno y dos trabajadores. La cifra va en descenso a medida que aumenta el tamaño de la entidad, de forma que casi 200 contratan entre tres y cinco personas, medio centenar tienen hasta diez trabajadores y una decena de negocios no pasan de la veintena de contratados.

Además, de las 7.318 entidades relacionadas con las actividades inmobiliarias, solo tres tienen una plantilla que oscila entre los 50 y los 100 trabajadores, mientras que no hay ninguna que supere el centenar. De todas formas, las estadísticas revelan que el empleo en este ámbito creció en el último año un 53%, al pasar de los 2.600 a los 4.000 contratados. Pero esta recuperación del empleo no ha sido tan abrupta como para mejorar las cifras precrisis pese a que continúen en alza las aperturas de negocio. Para situarse al nivel de 2008, el sector tendría que hacer 400 contratos, un 10% más que los actuales.

El dato positivo es que es uno de los sectores con menos temporalidad. De hecho, las inmobiliarias, junto al empleo en el hogar lideraron la contratación indefinida en Galicia el año pasado. El número de contratos firmados en 2017 en agencias de este tipo superó los 1.100, de los que la tercera parte no tenían fecha de caducidad.