La falta de oportunidades laborales por la crisis obligó a muchos inmigrantes que habían hecho las maletas y viajado a Galicia solo con un billete de ida para labrarse un futuro a hacer el trayecto de vuelta. Pero la recuperación ha animado de nuevo a la población extranjera a asentarse en la comunidad y ayudar así a paliar la caída de población. Tanto en 2015 como en 2016 el saldo migratorio fue positivo pero no tanto como el año pasado que alcanzó cifras precrisis al recibir 6.683 inmigrantes más que emigrantes debido a la llegada de 36.932 personas a Galicia, de las que más de 19.000 -más de la mitad- procedían del extranjero. Una de las opciones para los foráneos que se asientan en la comunidad cuando adquieren la nacionalidad española es que sus familiares también la consigan a través de la vía de la reagrupación familiar. Sin embargo, pese al repunte de la llegada de inmigrantes en el último año, las solicitudes de extranjeros para traer a sus parientes se redujeron el año pasado de nuevo hasta las 1.455 pero se mantiene estable porque solo son una quincena de casos menos que el ejercicio anterior.

Aún así, se trata de la cifra más baja desde el inicio de la crisis, en concreto un 60% menos que los 3.536 trámites gestionados en 2008, según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Migraciones a través del Observatorio Permanente de la Inmigración. Mayor es la diferencia con las 5.628 inscripciones contabilizadas en 2011, el año en el que se alcanzó el pico máximo y en el que comenzó una tendencia a la baja año tras año. Respecto a ese ejercicio el descenso ha sido del 75%.

La tendencia varía según las provincias. De hecho, el descenso a nivel autonómico se debe a la caída de solicitudes en Pontevedra, ya que en el resto de la comunidad la evolución es positiva. Pese a que la provincia pontevedresa es la segunda en la que más inscripciones se tramitaron en 2017 -un total de 519 solo por detrás de las 575 de A Coruña- supone un descenso del 30% respecto a las 623 del ejercicio anterior. La otra cara de la moneda la representa la provincia coruñesa, donde se registró un aumento de hasta el 40% en comparación con las 410 peticiones de 2016. En el interior gallego el número de asuntos es inferior por el volumen de población en general, y por tanto también del peso de los extranjeros. En Lugo se tramitaron el año pasado 210 reagrupaciones familiares y en Ourense 151, un 11% y un 16% por encima de las cifras del ejercicio anterior respectivamente.

Xurxo Martiz, analista especializado en el exilio gallego atribuye esta tendencia a la baja a que los inmigrantes que llegaron antes y durante la recesión ya reagruparon a sus familiares en esos años. Por lo tanto, ahora aunque repunte la inmigración -avisa- "la entrada de extranjeros no llega al volumen precrisis y cae el número de personas reagrupadas". También considera como factor a tener en cuenta que de los 95.601 extranjeros censados en Galicia, la tercera parte -unos 28.466- son originarios de América Latina y estos al adquirir la nacionalidad española la transmiten directamente a los hijos menores de edad sin tener en cuenta su lugar de residencia, por lo que en estos casos ya no es necesario optar por la reagrupación de los descendientes para reunir a la familia. De hecho, la continuidad de los flujos migratorios durante la crisis difícilmente puede achacarse en exclusiva a la consolidación de la concesión de reagrupaciones porque no ha aumentado de forma considerable el peso de los menores o las personas mayores.

Así, las estadísticas del INE reflejan que la población extranjera de menos de 18 años representa el 16% con 14.609 personas, incluso dos puntos menos del peso que tenía este grupo en el total de foráneos contabilizados hace una década. En el caso de los mayores de 65 años esa proporción ha pasado del 4% al 6% respecto al total debido a que los 5.198 registrados en esa franja de edad son 1.400 más que los 3.736 que hace diez años. Además, los datos a nivel nacional que pueden extrapolarse a Galicia revelan que ocho de cada diez de los extranjeros de países de fuera de la Unión Europea tienen un permiso de larga duración al llevar más de una década en el país y del casi 20% restante que se encuentran en situaciones temporales para adquirir o renovar la autorización de residencia, solo el 5% tiene que ver con solicitudes de reagrupación familiar.

Los extranjeros que hayan residido de forma legal en España durante un año y tengan autorización para seguir al menos otro más tienen derecho a reagrupar a su cónyuge, a sus hijos menores de 18 años -o los de su pareja- y a sus progenitores si son mayores de 65 años y dependen económicamente de su hijo. El motivo por el que muchos optan por esta vía es porque permite a la pareja e hijos del demandante obtener la autorización de residencia temporal que les habilitará para trabajar sin ningún otro trámite. El solicitante para optar a este derecho, sin embargo, tiene que demostrar que dispone de una vivienda para acoger a sus parientes y que sus ingresos superan los 800 euros mensuales y los 1.000 si se demanda el permiso de residencia para dos personas. Esto significa que para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige una cantidad mensual de 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que asciende a esos 800 euros y por cada miembro más se deberá sumar el 50% de ese índice, otros 266 euros.