Miércoles a las 10.00 horas. Es el día y la hora a la que han sido citados los sindicatos de prisiones con representantes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para tratar de resolver el conflicto laboral que ha llevado a los trabajadores de las cárceles de todo el país a convocar la semana pasada cuatro días de huelga que impidieron las comunicaciones de familiares y presos, el acceso de los proveedores, las salidas de furgones con reclusos a las citaciones judiciales e incluso bloquearon los servicios mínimos. Tras las protestas, secundadas en Galicia por más del 90% de la plantilla en el turno de día y el 100% durante las guardias de noche, la plataforma sindical, integrada por Acaip, CSIF, UGT, Comisiones Obreras y CIG, ha sido convocada para mañana en Madrid por la Administración Penitenciaria.

Los funcionarios reclaman seguridad en los penales (el ratio actual es de unos 120 presos por trabajador, un déficit de personal que en los últimos años se ha traducido en un aumento de las agresiones graves del 80%), refuerzo del personal y cobertura de vacantes (las plazas sin cubrir ya alcanzan el 15%) y aumento salarial (los empleados públicos de los centros penitenciarios en Cataluña cobran unos 500 euros más por el mismo trabajo, diferencia que aumenta en puestos como encargado o jefe de servicios).

Agresiones

Tal es la falta de medios y de personal en la que están sumidos los centros penitenciarios que se ha llegado a poner en peligro la integridad física de los trabajadores. En el penal de Teixeiro, el pasado mes de octubre dos funcionarios tuvieron que ser trasladados al hospital tras la agresión de un recluso en el módulo 13, donde cumplen condena los presos en primer grado. Uno de los empleados sufrió la rotura de la mandíbula. "Las agresiones graves o muy graves se han disparado entre un 70 y un 80%, nunca se había dado una paliza como esta", denuncian desde el sindicato CSIF.

En una reunión mantenida en vísperas de la reunión con Instituciones Penitenciarias, la plataforma sindical acordó convocar una manifestación en Madrid en la que se recorrerán las sedes de los cuatro grandes partidos políticos (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos) y finalizará ante el Ministerio del Interior. En cada una de las sedes se realizará una parada para entregar una proposición parlamentaria con el objetivo de que alcancen un acuerdo y la presenten conjuntamente. La fecha todavía no se ha cerrado, pero en principio se barajan los días 10 o 11 de este mes.

De no ser los resultados del encuentro con la Administración Penitenciaria satisfactorios, los sindicatos retomarán el calendario de protestas y lo harán con la convocatoria de siete días seguidos de huelga en diciembre. Además, realizarán un seguimiento de las agendas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a efectos de dar visibilidad al conflicto de prisiones en cada acto público.

La plataforma promotora de las protestas en defensa de mayor seguridad y personal en las prisiones busca "conjugar la visibilidad externa del conflicto hacia la sociedad", la "presión a los responsables políticos que puedan solucionar esta situación" y "seguir apretando con más fuerza e intensidad en los centros penitenciarios".