La mujer de 93 años afectada por un presunto caso acoso inmobiliario en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, de titularidad de la Xunta, tendrá que esperar nuevamente debido a la ausencia de uno de los abogados de Administración autonómica, que no se personó en el edificio judicial. La declaración, prevista para ayer por la mañana, fue finalmente suspendida por el titular del juzgado de instrucción número dos debido a la ausencia del abogado del subdirector xeral de Patrimonio, coinvestigado en esta causa, junto a la secretaria xeral técnica de Patrimonio.
La declaración se retrasará hasta el 13 de diciembre, después de que pasen por sede judicial los cargos de la Xunta investigados así como el otro inquilino del inmueble. En concreto, la declaración de los dos cargos de Facenda está fijada para el día 3 de diciembre, después de se suspendiese también, en este caso por la huelga de la Justicia, mientras que el otro inquilino deberá personarse al día siguiente. El caso saltó a raíz de las quejas planteadas por la vecina quien denunció deficiencias en el edificio hasta el punto de que en la actualidad reside en un hotel. El fiscal jefe acusa a los dos funcionarios de extralimitarse en sus funciones al adoptar medidas "no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones" con el ánimo de "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo".
