Concellos, particulares y empresas adeudan 12 millones de euros a Augas de Galicia por el impago de obras, del canon del agua o multas. Son deudas con más de un año de antigüedad que el organismo autónomo de la Xunta encargado de la administración hidráulica, ante la duda de si las cobrará las provisiona en sus presupuestos, según figura en la Auditoría del año pasado.
Los cobros pendientes por el canon del agua, antes conocido como canon de saneamiento, ascienden a 4 millones, un 33% más que en 2016. Con este canon incluido en el recibo del agua, la Xunta financia en exclusiva actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y explotación de depuradoras de aguas residuales y gestión de nuestros ríos. El año pasado se recaudaron 49 millones con cargo a esta figura impositiva.
Las cuentas pendientes de los ayuntamientos con Augas de Galicia son mayores que las de los particulares. Son 12 concellos los que adeudan 5 millones de euros. Es por obras de infraestructura hidráulica, por ejemplo depuradoras u obras de saneamiento, que ejecuta la Xunta, pero están cofinanciadas por los ayuntamientos.
Unos han pactado con Augas de Galicia aplazar y fraccionar el pago de la deuda. A otros, por falta de acuerdo, se les retiene parte de la deuda del cheque del Fondo de Cooperación Local que reparte la Xunta entre los consistorios. Otros están en litigio con la Administración autonómica. Es el caso de Gondomar, que debe 627.229 euros, y de Poio, con 42.443 euros pendientes de pago.
En 2015, eran 15 los ayuntamientos con deudas por hasta 7,3 millones de euros. Ahora son 12 los consistorios y la deuda se redujo hasta los 5 millones. La amenaza de retener fondos surtió efecto. Augas de Galicia no es la única que acude a este recurso para forzar el cobro de deudas. Ya lo hizo Sogama también por el impago de facturas por el tratamiento de la basura y desde 2011 se aplica como castigo a los concellos que no rindan cuentas de su situación económica ante el Consello de Contas.
Augas de Galicia tiene pendientes además de cobrar multas de dominio hidráulico por 3 millones de euros, casi medio millón más que en 2016. Son sanciones por daños a ríos, lagos, embalses o acuíferos.
La auditoría del organismo que gestiona la política del agua en la comunidad advierte por otra parte que tiene abiertos varios frentes judiciales abiertos, pero solo provisiona para uno, pues ya prevé que la sentencia no sea favorable a sus intereses.
Se trata de un caso viejo, de 2014, pero aún no resuelto definitivamente. Los dueños de fincas expropiadas para las obras de acondicionamiento de un regato en Lalín, el regato Pontiñas, se plantaron ante los juzgados por considerar irrisoria lo que les pagaba el Jurado de Expropiación. Diferentes sentencias multiplicaron hasta por diez el precio inicial, pero el caso sigue en los juzgados. Augas de Galicia reserva en sus cuentas 9 millones por si sale la sentencia definitiva. Incluye ya los intereses por demora.
Al respecto de las diversas reclamaciones judiciales contra Augas de Galicia, su auditora advierte que por falta de información no puede concluir si el pasivo y los fondos propios de este organismo están "menospreciados y sobrevalorados". Es una de las salvedades de la auditora al organismo autónomo, que el año pasado gestionó un presupuesto de 70 millones de euros.
Augas de Galicia también reserva 7,5 millones ante otros potenciales riesgos y gastos, de los cuales 4 millones son reclamaciones por "costes e intereses de gestión en precario de la depuradora de Meaño" y 3,4 millones por "intereses de demora en el pago de certificaciones".
