Uno de los retos pendientes de la Justicia es poner fin a los interminables procesos que se eternizan en los juzgados. Las demoras en la investigación hacen que la sentencia llegue demasiado tarde para los litigantes y los encausados, lo que perjudica la eficacia del proceso e incluso alimenta errores hasta el punto de provocar la anulación de la causa. Ni la caída de los pleitos derivados de la crisis -desahucios, embargos, reclamaciones de deudas o quiebras de empresas- ni la reforma penal de diciembre de 2015 que sacó de los tribunales los asuntos penales sin autor conocido han logrado poner fin a la congestión que arrastran los órganos judiciales de todo el país, y en particular los gallegos. El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, cargó ayer contra las "dilaciones indebidas" y advirtió de los "problemas estructurales" que persisten en el actual modelo de Justicia.

En su comparecencia en el Parlamento para presentar la Memoria de Fiscalía de 2017, Suanzes fue muy crítico con los retrasos que acumula la Administración de Justicia y el perjuicio que esas esperas causan a la ciudadanía. "Los ciudadanos tienen derecho a un proceso judicial que se resuelva en un tiempo razonable", argumentó el fiscal superior, al tiempo que avisó de que la dimensión temporal de las causas, "sin dilaciones indebidas", forma parte "consustancial de un proceso justo".

El diagnóstico está claro. Y la receta para combatir la lentitud de la Justicia la vienen dando desde hace años desde el sector de la magistratura y la judicatura, aunque, hasta el momento, sin una repuesta por parte del Gobierno central para aliviar la sobrecarga de los órganos judiciales y las eternas esperas de los litigantes e incluso de los investigados en una causa. Solo con más medios humanos y materiales y la reforma de la planta judicial se logrará descongestionar los juzgados y dar respuesta a los interminables procesos de instrucción.

El fiscal superior de Galicia ve "urgente" acometer una "verdadera transformación, integral y no coyuntural, de la estructura organizativa y funcional de los órganos judiciales" a través de un Pacto por la Justicia, que incluya medios humanos y materiales "adecuados y suficientes". Pero también urge mayor protagonismo a los fiscales en la instrucción de las causas, como ya ocurre en los países del entorno europeo, así como la creación de equipos especializados para agilizar las causas complejas y la aplicación de criterios uniformes en la persecución de delitos.

Aunque la reforma penal de 2015 permitió aliviar la saturación en la que estaban sumidos los juzgados de todo en país, el fiscal superior advirtió de que indicadores como las tasas de resolución y de congestión no hacen más que poner de manifiesto la "ineficiencia" en relación a la duración de las causas. Bien es cierto que los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde hace casi tres años, ha permitido reducir los asuntos ingresados en los tribunales -en torno a un 40% al excluir los delitos sin autor conocido-, así como las cifras de finalización anticipada, "permitiendo cierta liberación de los recursos judiciales".

En su comparecencia, Suanzes repasó la evolución de los delitos en Galicia, con un incremento del 12% en los ilícitos penales contra la libertad e indemnidad sexual. La violencia en el ámbito familiar repuntó más de un 13% y en el caso de la violencia doméstica las agresiones por parte de los hijos ya representan el 20% de los casos de violencia detectadas. Los delitos de corrupción cayeron un 18% mientras que las infracciones penales al volante repuntaron casi un 1%.