La guerra interna en En Marea llegó ayer a un punto difícil de superar, del tal calibre que evidencia la ruptura total en la que se ha instalado desde hace tiempo el partido instrumental y que la renovación de los órgano de dirección ha sacado a relucir sin disimulo. Es tal la confrontación que las primarias para elegir a su nuevo líder, cuya votación se iba a iniciar esta mañana a las 9.00 horas, está en el aire. La razón es que la comisión de garantías avanzó al caer la tarde que En Marea se había visto forzada a aplazar la celebración de sus primarias por "presuntas irregularidades en el proceso" y que no se retomarían hasta completar una auditoría sobre el censo. Y poco después, el comité electoral replicaba que el de garantías no tenía competencias para anular el proceso, que se daban todas las garantías para continuar y que, por tanto, las primarias se iban a celebrar tal como estaban previstas.

Este nuevo capítulo es un claro reflejo del choque entre las dos corrientes que conviven en En Marea y cuya supremacía se dirimirá en las primarias. Por un lado está la candidatura de Luís Villares, actual líder del partido instrumental y portavoz parlamentario. Y sus afines son los que controlan el comité de garantías. Y la segunda lista es la de David Bruzos, representando al sector crítico e impulsada por los mismos partidos y mareas municipalistas que en su día promovieron a Luís Villares, que es la que domina el comité electoral

Por tanto, ambos comités han llevado la lucha interna hasta el extremo de poner en riesgo las primarias de En Marea, cuya votación estaba previsto que comenzara hoy y terminara el lunes, 48 horas después. Desde la candidatura de Bruzos se acusa al sector oficial de intentar un "pucherazo" y de querer reventar el proceso mediante la actuación del comité de garantías.

A doce horas de que comenzaran las votaciones, la comisión de garantías del partido comunicó la decisión en firme de paralizarlas temporalmente por las "irregularidades" detectadas en el proceso y no fijar una nueva fecha hasta la conclusión de una auditoría abierta sobre el censo, que podría ser dentro de una o dos semanas.

Esta medida cautelar, la de la suspensión, ya fue adoptada el pasado martes, pero al no poder aclarar las irregularidades y continuar los problemas, se optó ayer a media tarde por decretar la paralización del proceso. Lo anunciaron mediante un comunicado y acto seguido tres de sus responsables dieron una rueda de prensa para explicar los motivos.

Las anomalías, según enumeraron son, en primer lugar, la imposibilidad del acceso al censo del responsable legal ante la Agencia Española de Protección de Datos durante 24 horas, motivo por el que hay una auditoría en curso. Además, alegan el desconocimiento de los locales de votación a menos de un día para que comenzase la misma y la imposibilidad de informar a las personas inscritas de la situación y horarios de apertura. Por todo eso, la comisión de garantías decidió suspender el proceso e informar de ello a todos los inscritos.

Y poco después, el comité electoral, con diez de sus trece miembros en el sector crítico, entraba en escena al dictaminar "la continuidad del proceso de elecciones internas".