04 de diciembre de 2018
04.12.2018

La Xunta niega ante el juez acoso inmobiliario a dos inquilinos de renta antigua

Dos cargos de Facenda alegan que impulsaron reformas en el edificio cuando se lo pidieron

04.12.2018 | 02:02

Los representantes de la Xunta en Ourense acusados de acoso inmobiliario negaron ayer en el juzgado cualquier presión sobre los dos inquilinos de un edificio propiedad de la administración autonómica.

La secretaria xeral técnica e do Patrimonio, María Socorro M. H., y el subdirector xeral do Patrimonio, Pablo J. M. P., declararon en Ourense ante el magistrado de Instrucción 2, Luis Doval, investigados por un presunto delito de coacciones inmobiliarias -castigado en la mitad superior del arco de penas de prisión de 6 meses a 3 años, o con multa de 12 a 24 meses-, por el intento de desalojo de los dos únicos moradores, con régimen de renta antigua, de un edificio público en la ciudad, (la antigua Cámara de la Propiedad), que la Xunta quiere dedicar a oficinas. Los dos cargos de la Consellería de Facenda respondieron a preguntas del magistrado y de sus defensas. El fiscal, autor de la querella, no asistió a la declaración.

El director xeral de la asesoría jurídica de la Xunta, el letrado Manuel Pillado, ejerce como defensor de la secretaria xeral en esta causa. Dio su versión a los periodistas a la salida del juzgado: "Estamos muy satisfechos", manifestó en dos ocasiones. "Se ha evidenciado que no ha existido ningún tipo de acoso inmobiliario. Es más, desde el momento en que la arrendataria avisó de que podía haber algún problema con el mantenimiento de la vivienda, y en concreto sobre el estado del ascensor, la administración empezó desde el día siguiente a adoptar las medidas oportunas para arreglar la situación", añadió.

El elevador funciona desde el miércoles 28, tras permanecer diez meses inoperativo después de que una inspección detectara en enero deficiencias muy graves. La denunciante, de casi 93 años, regresó el viernes, tras 4 meses, a la que es su casa desde 1963. A finales de julio sufrió una caída y ha tenido que vivir en un hotel porque la falta de ascensor complicaba el acceso a su vivienda del cuarto piso. La propia secretaria xeral dirigió un escrito en octubre al otro vecino del inmueble para explicar las dificultades de la reforma.

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