Audasa suma un nuevo capítulo a su largo historial en los juzgados por reclamaciones. La Fiscalía de Pontevedra acaba de demandar a la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) por lo que considera una "práctica abusiva" en el cobro de peajes en el puente de Rande durante los más de tres años que se prolongaron las obras de ampliación de la vía. En su escrito, entregado el lunes en el Juzgado de lo Mercantil, el Ministerio público recuerda que en los 40 meses que duraron las obras en el tramo de entre Cangas y Teis -incluido el puente de Rande-, los trabajos afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico".

A pesar de esa circunstancia, la Fiscalía recuerda que la gestora de la AP-9 mantuvo "invariables" sus tarifas. Por eso el Ministerio público ha decidido impulsar una demanda colectiva con la que busca que se devuelvan los peajes abonados entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales; y que Audasa abone además una indemnización "consistente en el doble del peaje a todos los usuarios (conductores o pasajeros)".

La Fiscalía decidió investigar los colapsos en Rande tras las quejas de conductores, empresarios, transportistas e instituciones púbicas. Tras dirigirse a Audasa para solicitar información, el Ministerio público concluye que en los 40 meses que se prolongaron los trabajos en la AP-9 "el tráfico se vio afectado en el puente de Rande, dado que la reducción del número de carriles en uso y los límites de velocidad, implicaron que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual". La consecuencia -razona Fiscalía en su escrito- es que "todos los vehículos que circularon en ese tramo recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad". En su análisis, el Ministerio público concluye que los usuarios de la AP-9, una vía de alta capacidad y gravada con peaje, no solo vieron reducidas las condiciones en las que deberían recibir el servicio por el que pagaban, sino que sufrieron "embotellamientos y retenciones que de forma constante". Lejos de ver reducido el importe de los peajes, la Fiscalía recuerda que "se ha mantenido su cobro íntegro" y que incluso se encarecieron el 1 de enero de 2018, con el cambio de año.

El convenio suscrito en 2011 por Fomento y Audasa para la ampliación de la AP-9 recogía que se compensará a la concesionaria por sus inversiones con un aumento anual y acumulativo de los peajes del 1% durante dos décadas. Para que ese subida pudiese aplicarse ya en 2018, los nuevos carriles de Rande se inauguraron de forma oficial el 30 de diciembre de 2017, aunque los operarios y la maquinaria continuaron durante meses. De hecho se siguieron aplicando cortes de carriles en pleno día hasta finales de mayo. Fiscalía se hace eco y reseña que las tarifas se encarecieron a principios de año a pesar de que "se continuaron realizando trabajos similares con posterioridad".

Aunque Fiscalía desconoce cuántos conductores se pudieron ver afectados por la "práctica general abusiva" en el cobro de peajes, señala que -según datos de Audasa- en los 40 meses analizados se registraron 77 millones de desplazamientos que dejaron una recaudación en peajes que ascendió a "unos 90 millones". La cifra se corresponde solo con los turismos y excluye al transporte pesado. La demanda de Fiscalía pide la devolución de los pagos e indemnizaciones a usuarios de vehículos particulares, no para las empresas de transporte de mercancías o pasajeros.

En sintonía con la Valedora do Pobo, que ya ha reconocido que lo "lógico" es que la concesionaria levante los peajes durante los embotellamientos, la Fiscalía razona que es "abusivo" cobrarle lo mismo a un conductor que disfruta de la AP-9 en buenas condiciones que a otro que debe hacerlo con restricciones de velocidad, entre operarios y con carriles cortados.

El fiscal reclama al juzgado que anule "el cobro íntegro el peaje de la autopista cuando no se está prestando el servicio en condiciones satisfactorias de fluidez y seguridad del tráfico". En su escrito, urge a la concesionaria de la AP-9 que "cese en dicha práctica" y se "abstenga" de repetirla en cualquier autopista que gestione en España". "En un mes la demandada habrá de remitir al Tribunal un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico, que respete el principio de reciprocidad y mantenga el equilibro de las prestaciones", abunda el Ministerio público.