Los examinadores de Tráfico vuelven a estar en pie de guerra. Tras la huelga iniciada el pasado verano que obligó a suspender 230.000 pruebas prácticas en toda España -unas 25.000 en Galicia-, el colectivo ya tiene sobre la mesa un nuevo calendario de protestas por no haber percibido todavía el plus salarial que les había prometido el Gobierno para poner fin a un paro que se prolongó durante cinco meses. Los alrededor de 700 examinadores de la DGT en España, unos 40 en la comunidad gallega, pararán de nuevo la actividad desde el próximo día 10 hasta el viernes 21 si el Ejecutivo no atiende sus reclamaciones económicas, lo que se traducirá en la suspensión de entre 400 y 500 exámenes de conducir cada día en Galicia.

Los funcionarios de la DGT paralizaron las autoescuelas en plena temporada alta en verano en reclamación por un aumento salarial de 250 euros al mes (3.500 euros divididos en 14 pagas anuales). El pago de este suplemento fue finalmente acordado en diciembre por los entonces grupos de la oposición para presentar una propuesta conjunta para incluir en los Presupuestos del Estado para 2018 una partida de 3 millones de euros destinada al complemento específico que demandaba el colectivo. Pero a día de hoy, los funcionarios todavía no han visto recogido en sus nóminas el plus salarial, a diferencia de lo que sí ha ocurrido con el resto de funcionarios públicos o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde la DGT comunicaron ayer al colectivo de examinadores que el Gobierno ha dado el visto bueno al pago del complemento en concepto de productividad especial al no poder ejecutarlo como complemento específico, un abono que será efectivo "en cuanto lo firme la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos", según informan desde la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra).

La huelga del año pasado -que sumó un total de 65 días-, provocó el desplome en las matriculaciones entre un 70% y un 80%, el cierre de 130 centros de formación -cinco en la comunidad gallega- y pérdidas de más de 100 millones en el sector -más de cuatro millones en Galicia-.

Ante el nuevo calendario de protestas, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) reclamó al Gobierno que cumpla lo prometido, ya que esta huelga acabará afectando a los alumnos examinados que se ven obligados a retrasar sus exámenes de conducir y también a los profesores de seguridad vial y centros de formación por la reducción de clases que acarrean los paros. "Ni la sociedad española, ni las escuelas de conductores ni los propios examinadores deben sufrir las consecuencias del retraso administrativo en el abono de esa subida salarial", advierten desde CNAE, que adjudican gran parte de la responsabilidad de la actual situación a los miembros del anterior Ejecutivo del PP: "Tuvieron tiempo más que suficiente para cumplir el acuerdo y no hicieron nada". Por ello, apelan al Gobierno de Sánchez para que" subsane el error o la dificultad técnica" que hasta ahora ha impedido hacer efectiva la subida salarial. "Ni los ciudadanos que necesitan obtener el permiso ni las autoescuelas podemos revivir la pesadilla de 2017", sentencia el presidente de CNAE, José Miguel Báez.