El juez Andrés Lago Louro cerró este lunes la instrucción del caso Alvia con la imputación del maquinista, Francisco Garzón, y el exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif Andrés Cortabitarte como responsables de 80 homicidios por imprudencia en el accidente ferroviario de Angrois en julio de 2013 en el que también 144 personas resultaron heridas. Mientras, en el Congreso se retomó ayer la comisión de investigación sobre el siniestro con las comparecencias de dos expresidentes de Adif. Antonio González Marín, presidente de administrador ferroviario entre 2005 y 2012 con el PSOE y con José Blanco como ministro-coincidiendo con la puesta en servicio de la línea Santiago-Ourense- negó que hubiese urgencia por inaugurar el AVE gallego el 10 de diciembre de 2011. Por eso, considera que "hablar de prisas electorales no es una acusación correcta". Aunque la sustitución del ancho internacional previsto por el ibérico puede entenderse como "imprevistos" que surgen en la construcción de estas infraestructuras, matizó que solo se demoraron los trabajos un mes, por lo que ni se aceleró la puesta en marcha ni se comprometió la seguridad que -insistió- "siempre es lo que tiene que primar". En la misma línea se pronunció el exdirector general de Infraestructuras, Carlos Juárez, que negó que la documentación enviada para la inauguración del trazado se revisase y autorizase en una hora como había denunciado En Marea. Afirmó que la información se recibió el 30 de noviembre y se estudió hasta el 9 de diciembre.
También compareció ayer Gonzalo Ferre, que ocupó la presidencia de Adif en 2013, cuando descarriló el convoy, hasta noviembre de 2016, replicó a la diputada socialista Pilar Cancela que el tren no era de alta velocidad. "Para que sea considerado así tienen que serlo también la infraestructura de la vía, el material rodante y los sistemas de seguridad", aclaró Ferre, quien insistió en que en la línea Santiago-Ourense en ese año "no se cumplían esas tres condiciones". En su comparecencia evitó contestar a las preguntas sobre la supresión del sistema de frenado automático ERTMS del tramo alegando que se tomó la decisión un año antes de su llegada al cargo. Y ante la insistencia de la parlamentaria de En Marea Alexandra Fernández sobre si hubiese ocurrido el accidente con este método contestó: "Si el tren no hubiese salido de Ourense tampoco habría descarrilado". Ante las acusaciones de Fernández de "poca colaboración" tanto en la comisión como con el magistrado que tramitó el caso aclaró que si no se envió alguna documentación al juzgado fue "por error" y "jamás por falta de voluntad". Para el exsecretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, la desconexión del ERTMS fue "una actuación adecuada" porque se tomó en base a "una falta de fiabilidad" y "no funcionaba de forma correcta".
