La tecnología de los drones está revolucionando la economía, abriendo un nuevo horizonte de aplicaciones. El medio rural gallego será objeto de varias de ellas. Una red de estos vehículos aéreos no tripulados vigilará los montes gallegos para comprobar qué parcelas objeto de la concentración parcelaria -que en dos años afectará a alrededor de 112.000 hectáreas en Galicia- se encuentran abandonadas, información que permitirá multar con hasta 3.000 euros a los propietarios en caso de que incumplan la limpieza de franjas de seguridad para evitar el riesgo de incendios forestales.
Este ejército de drones monitorizará el territorio forestal gallego con cinco objetivos: detectar e identificar plagas e iniciar el tratamiento contra ellas, realizar el inventario forestal de la comunidad con mayor agilidad que hasta ahora -se demora una década-, evaluar el cumplimiento de las normas sobre la limpieza en las franjas de seguridad tanto en núcleos urbanos rurales como alrededor de infraestructuras y hallar las parcelas en zonas de concentración parcelaria que se encuentran en estado de abandono.
Este plan de acción está impulsado por la Axencia Galega de Innovación al amparo del polo industrial de aeródromo de Rozas (Lugo), donde la Xunta trata de incentivar el desarrollo de aplicaciones alrededor de los drones y a que ha atraído a empresas como Boeing.
En febrero, el Ejecutivo autonómico aprobó la licitación de dos proyectos. El primero, vinculado a crear sistemas de control de tráfico de estos vehículos, precisamente en el que participa Boeing. El segundo, centrado en hallar "soluciones para gestión y control forestal mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados", licitado en 950.000 euros sin IVA. Este se encuentra ya en la fase final y la Xunta ha admitido ya a tres empresas y requerido subsanar fallos en su documentación a otras seis para invitarlas a presentar formalmente sus ofertas.
El objetivo es utilizar una red de drones para agilizar el monitoreo del entorno forestal, prestando especial atención a la vigilancia de las parcelas objeto de concentración parcelaria, lo que dispara el número de afectados en una comunidad minifundista como Galicia.
Solo en 2016, estos procesos de reagrupación de fincas afectaron a 33.000 hectáreas repartidas entre 47.000 propietarios. El Ejecutivo prosigue con estas actuaciones y prevé que antes de que finalice la legislatura en 2020 entregue 112.000 hectáreas más.
Con el sistema que aspira a que desarrolle una empresa, la Consellería de Medio Rural obtendrá información detallada de las fincas que sus propietarios no cuidan como establece la ley. Con esta "detección de abandono", pretende "identificar aquellas parcelas que, tras ser objeto de concentración parcelaria, se encuentran en estado de abandono con el fin de hacer cumplir las obligaciones de los propietarios a ese respecto", según recoge el pliego del concurso.
Tras la ola de incendios que en octubre del año pasado arrasó casi 50.000 hectáreas en tres días y causó la muerte de cuatro personas, Medio Rural decidió intensificar el control sobre la limpieza del monte y este año adelantó un mes la fecha límite para cumplir la norma en las franjas de seguridad, las zonas que rodean los núcleos de población y flanquean infraestructuras como carreteras o estaciones eléctricas.
Antes del 31 de mayo los dueños de fincas debían despejar de maleza y especies pirófitas como pinos y eucaliptos un perímetro de 50 metros alrededor de las viviendas, medida que afectaba a unos 30.000 núcleos de población. Si se le añaden los bordes de carreteras o estaciones eléctricas, la superficie que debía ser limpiada suponía alrededor de 70.000 hectáreas.
Los dueños de las parcelas se exponen a multas de entre 100 y 1.000 euros si incumplen esta norma, pero puede alcanzar los 3.000 en el caso de parcelas fruto de una concentración parcelaria que se encuentren en estado de abandono. En caso de realizar plantaciones forestales ilegales o con especies expresamente prohibidas así como no respetar las distancias de seguridad las sanciones más graves pueden alcanzar los 100.000 euros.
