Galicia será la titular de la AP-9 sustituyendo al Gobierno central, lo que le permitirá ser quien vigile a la concesionaria y pueda multarla en caso de una gestión deficiente. Pero la competencia de mayor calado que asumirá será la que le permitirá dirigir la política de peajes, cuya subida constante centra gran parte de las quejas contra la concesionaria, que en enero elevará de nuevo el precio de circular por la vía un 3,47% tras subir otro 2% en octubre pasado. El Congreso de los Diputados aceptó ayer tramitar la proposición de ley para que se produzca este traspaso con el apoyo de todos los grupos salvo Ciudadanos, que se abstuvo, lo que augura una aprobación de la norma tras el debate en las Cortes.
El Parlamento gallego aprobó por unanimidad hasta tres iniciativas desde 2016 para impulsar esta cesión, pero se topó con el bloqueo del Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy, que alegó que podría elevar el gasto estatal. Posteriormente el Tribunal Constitucional estimó que se había excedido en el uso de esa capacidad de veto.
El cambio de inquilino en Moncloa, con la llegada del socialista Pedro Sánchez, varió el escenario, pues el Ejecutivo central autorizó en verano el debate de la proposición, que ayer fue admitida a trámite con 307 votos a favor y 32 abstenciones.
Esa distribución de apoyos anticipa una validación de la norma, que conferiría a la Xunta "la titularidad y competencias sobre el régimen jurídico de la concesión", así como la "supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista", la "potestad sancionadora con respecto a incumplimientos de la concesionaria" y "las modificaciones que afecten al régimen económico-financiero de la concesión, en particular en lo relativo al establecimiento actualización y supresión de peajes, así como la aplicación de programas de descuento", según recoge la proposición de ley, que podrá variar durante su discusión en las Cortes.
La norma tramitada ayer es la primera aprobada en 2016 por el Parlamento gallego e incluye también la opción de un rescate de la concesión, que expira en 2048 tras prorrogarla al máximo legal el Gobierno de Aznar (PP) en 2003. Sin embargo, PP y PSOE avanzaron ya su distanciamiento de esa posibilidad, recordando que también se acordaron por unanimidad cambios para retirarla de la proposición, estrategia con la que se quería sortear el veto del Gobierno de Rajoy.
El popular Celso Delgado justificó el apoyo de su grupo para evitar el agravio de Galicia respecto a Euskadi -que recibió la semana pasada la transferencia de un tramo de la AP-1- y culpó al Gobierno de Zapatero de la subida de un 1% del peaje durante 20 años para financiar la ampliación de Rande. Además, adelantó que buscarán una negociación "sosegada" de posibles cambios, descartando una aprobación por vía de lectura única, y pidió una reunión de la comisión mixta con el Ministerio de Fomento para "hablar también" de cuestiones como la supresión del peaje en Redondela.
Por su parte, el socialista Guillermo Meijón insinuó su rechazo al rescate, al asegurar que "no sería de recibo" ignorar los cambios que se introdujeron en la primera proposición de ley sobre el traspaso, y vinculó la redacción final de la ley con un debate general sobre el "modelo viario" en toda España.
El diputado de Ciudadanos Fernando Navarro se opuso a la cesión por la condición estratégica de la AP-9 al enlazar con Portugal y por la opción de un rescate que sufragaría el Gobierno central. Pero luego su grupo se abstuvo.
