El abogado del maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en julio de 2013, Manuel Prieto, considera que el auto de cierre de la instrucción "muestra el mismo menosprecio al factor humano que el que realizaron las organizaciones (Renfe y Adif), y que dio lugar a la catástrofe ahora instruida".

"Se está exigiendo a los maquinistas un deber de diligencia superior al de las empresas que han puesto en marcha un servicio de ferrocarril con un riesgo de fallo humano previsible, sin sistema de seguridad alguno, sin posibilidad de aviso, sin posibilidad de recuperación del fallo humano", sentencia en su recurso por el cierre de la instrucción. El del abogado del maquinista es el segundo recurso que se presenta tras el de las víctimas del accidente que anunciaron el lunes.

En un extenso documento presentado en el juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado que representa a Francisco Garzón denuncia lo "contradictorio" de que "si no se había evaluado el riesgo de fallo humano se exija un comportamiento no humano a los maquinistas" y que "sean infalibles en las condiciones en que se les obligó a circular".

Por ello, en el recurso, en el que aporta cuantiosa normativa, documentación e información, Prieto concluye que no cabe imputarle a Garzón delitos de imprudencia, pues "es otra víctima más". "No cometió ninguna temeridad" y "lo temerario es ordenar la circulación de un tren a 200 kilómetros por hora sin una sola medida de seguridad", asevera.

Además, recurre el auto del juez pues no tiene "en consideración la evolución de la instrucción y las nuevas diligencias" y por el contrario "reproduce exactamente" en lo que respecta a Garzón el anterior auto de cierre, el de 2015, que fue revocado por la Audiencia Provincial. También insiste en que el maquinista "no recibió formación en la vía del accidente" y en que "el accidente no habría ocurrido con el ERTMS conectado".

Por todo ello, asegura que Garzón "no cometió ninguna temeridad", sino que "cumplía la actividad profesional establecida por su empleador".

Para el abogado del maquinista, "lo que sin duda es temerario es ordenar la circulación de un tren a 200 kilómetros por hora sin establecer ni una sola medida de seguridad, ni protección, para maquinistas y viajeros". "Y eso es responsabilidad de Renfe Operadora y Adif", remarca.

Critica que Renfe, de hecho, "tampoco tiene identificado en su sistema de gestión de seguridad, el riesgo de uso de los teléfonos de la cabina del material rodante" ni del teléfono móvil corporativo. "No hay una graduación de importancia de las llamadas, ni de nivel de seguridad de las mismas en las que se concrete su duración", expone.

Por otra parte, el escrito de acusación presentado al juzgado por una procuradora en nombre de, entre otros, el interventor que aquel día iba en el tren, Antonio Martín, pide dos años y siete meses para el maquinista y seis para el exjefe de Seguridad de Adif.