La amplia mayoría parlamentaria que ayer apoyó la tramitación de la ley de transferencia a Galicia de la AP-9 anticipa su aprobación, pero la incertidumbre sobre un posible adelanto de las elecciones generales siembra dudas sobre si dará tiempo a validarla antes de esa cita. Una vez se apruebe y se publique en el BOE, la comisión Gobierno-Xunta deberá tener cerrar el traspaso en un máximo de seis meses. De disolverse las Cortes, se iniciaría la tramitación de nuevo.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, señaló uno de los puntos donde su Ejecutivo gozará de capacidad para actuar: los peajes. "No podemos seguir con este nivel de encarecimiento permanente", expuso sobre una AP-9 que "es la más cara de España".
La proposición fue defendida en el Congreso por tres diputados del Parlamento gallego, como establece el Estatuto: Martín Fernández Prado (PP), Antón Sánchez (En Marea) y Luis Manuel Álvarez (PSdeG). El primero reclamó la cesión de la AP-9 para "acercar la gestión" a la ciudadanía y desligó la demanda de un intento de "reafirmar un sentimiento identitario". Sánchez coincidió con Prado en la denuncia de peajes "abusivos" en la autopista del Atlántico, pero culpó a PP y PSOE de fomentar un "capitalismo de amiguetes" beneficiando a la concesionaria y pidió que "no se mutile la opción que Galicia pueda decidir el rescate" de la vía, con lo que coincidió Antón Gómez-Reino (diputado de En Marea en el Congreso).
