El pasado septiembre, la Xunta logró al segundo intento contratar por 7,85 millones de euros y un año de duración un seguro de riesgos para protegerse ante reclamaciones de terceros por daños físicos y/o materiales, pero esa póliza dejó un agujero: el pago de indemnizaciones, multas o fianzas para evitar la cárcel de funcionarios o altos cargos que cometiesen algún error o falta como acoso laboral, pérdida de documentación oficial como escrituras, avales bancarios o datos fiscales. Para evitar que las arcas públicas se arriesguen a pagar cuantías imprevisibles y proteger a su plantilla e incluso a sus familias, una póliza de seguro cubrirá esa opción, garantizando un colchón de hasta seis millones de euros, con cantidades que alcanzan los tres millones para fianzas que eviten el paso por prisión de empleados públicos, 250.000 ante responsabilidades de "prácticas de empleo indebidas" -como acoso, humillaciones o difamaciones- o 150.000 por "pérdida de documentos". Ese escudo económico no se aplicará a quien haya sido condenado por delinquir.

La Xunta ha contratado una póliza de seguro de responsabilidad civil con la firma Chubb European Group por 59.450 euros y un año de vigencia. Con ella, pretende cubrir los riesgos que no están cubiertos por el seguro suscrito en septiembre, que solo afecta a "daños físicos y materiales que la administración y su personal puedan causar a terceros". Ahora se blinda de los que "puedan derivarse consecuencias económicas tanto para los empleados públicos como para las autoridades que prestan servicios en la administración y entidades instrumentales". Con ese contrato, el Ejecutivo "quiere proteger la responsabilidad individual" de su plantilla ante cuestiones como "multas, indemnizaciones, fianzas o gastos de defensa jurídica", según el informe justificativo del contrato, adjudicado el lunes.

Este seguro protegerá a cualquier empleado de la Xunta, incluyendo "altos cargos políticos", siempre que se plantee una reclamación por responsabilidad civil que afecte a su trabajo, pero extiende ese escudo a sus cónyuges y herederos para que una indemnización por "negligencia grave" de un trabajador de la administración no suponga un embargo contra bienes gananciales o legados a descendientes. La nueva póliza de la Xunta cubrirá las cuestiones que escapen del paraguas de seguro de 7,85 millones suscrito en septiembre. Incluye las indemnizaciones que deba pagar un empleado como consecuencia de una reclamación presentada por la administración, así como cualquier cuantía "derivada de responsabilidad contable que resulte de un procedimiento" abierto por entidades fiscalizadoras como el Tribunal de Cuentas o el Consello de Contas.

Sin embargo, este seguro, así como el suscrito en septiembre, no supone una red de seguridad absoluta para los 87.377 trabajadores de la Xunta, según los datos del Instituto Galego de Estatística de julio del año pasado. Quedan excluidos quienes fuesen condenados en firme por acciones "antijurídicas o fraudulentas o con intención de causar daño", así como injurias, actos corruptos o delitos urbanísticos.