15 de diciembre de 2018
15.12.2018

El acusado de Adif por el siniestro del Alvia culpa a otros departamentos

El cargo público investigado denuncia "graves errores" del juez y responsabiliza a la Dirección de Operaciones

15.12.2018 | 01:37
Un Alvia pasa por la curva de A Grandeira en un homenaje al accidente de Angrois.

La defensa del investigado de Adif en la causa por el accidente del Alvia denuncia "graves errores" del juez en el auto con el que cierra la instrucción y propone que Andrés Cortabitarte, exjefe de Seguridad de la empresa pública, sea juzgado como presunto autor de 80 homicidios por imprudencia profesional grave.

En el recurso, el letrado que representa a Cortabitarte se dirige al juzgado, pero también a la Audiencia de A Coruña, para que, en su caso, sea esta instancia la que revoque la decisión de transformar en procedimiento abreviado el caso "y, en su lugar, dicte otra por la que se acuerde el sobreseimiento libre" de su defendido, informa Europa Press.

El texto, de más de 200 folios, considera a Cortabitarte "protagonista involuntario" en la investigación, pues, a juicio del abogado, "se le han atribuido competencias y responsabilidades que no tiene, se ha tergiversado el alcance del certificado de seguridad que emitió y se le ha supuesto una posición de garante de la seguridad de todo el sistema ferroviario español que obviamente no le corresponde".

En este sentido, critica "dos premisas equivocadas e inaceptables". En primer lugar, que el instructor entendiese "preceptiva una evaluación integral de riesgos" de la línea y, en segundo término, que entienda "que tal análisis correspondería al director de la seguridad de la circulación en Adif".

"Ninguna de las dos premisas tiene fundamento fáctico o jurídico", subraya, antes de incidir en que "no hay ninguna normativa que obligue a una evaluación integral de la línea". "Tampoco existía costumbre, práctica o consenso técnico que lo exigiera. De hecho en ningún país de Europa se hacía", apostilla.

Agrega que "tampoco tal pretendida evaluación integral de riesgos hubiera determinado una solución diferente porque el riesgo estaba identificado y los controles para prevenirlo implantados de acuerdo con la normativa aplicable".

Análisis de riesgos

El recurso de Cortabitarte asegura que, asumiendo "a efectos dialécticos que tal obligación existía y que era responsabilidad última de quien estaba obligado a realizar análisis de riesgos de seguridad en la circulación y proponer e implantar medidas para el adecuado control de los riesgos asociados a las actividades de seguridad en la circulación, nunca un eventual incumplimiento de lo anterior podría atribuirse" al cargo investigado.

"Sobre la base de esa hipótesis que no aceptamos, las competencias aludidas y recogidas en el documento titulado Identificación y evaluación de riesgos en las actividades de seguridad en la circulación de la DGOI no corresponden a mi mandante sino a la Dirección General de Operaciones e Ingeniería, como resulta fácilmente constatable", argumenta.

Este es, en su opinión, un "gravísimo error" pero "no el único". Así, interpreta que "el auto incurre en graves contradicciones e incomprensibles omisiones", además de que "obvia analizar cuestiones jurídicas y se apoya en meras afirmaciones falsas e inexactas".

El registro de peligros, según advierte, no recogía un peligro en ningún concreto punto del trayecto" e insiste en que "el riesgo que recoge es el de exceso de velocidad, pero en toda la línea, no en una curva". "El supuesto peligro de exceso de velocidad en la curva no es evidente, previsible, ni intolerable", según la defensa de Cortabitarte. "Las curvas nunca se han tratado como peligros", sentencia.

Y aprovecha para descargar responsabilidades también sobre Ineco, pues, según dice, su función "era controlar la evaluación de riesgos realizada por la UTE y garantizar que los riesgos exportados a Adif fueran ya tolerables". "Ineco tiene, por normativa, competencia para exigir pruebas adicionales si está disconforme con que un riesgo exportado por la UTE al Adif no sea tolerable", según asegura.

Por su parte, "la competencia de evaluar los riesgos del subsistema control, mando y señalización no es de Adif, sino de la UTE suministradora de este subsistema". "Es la propia UTE la que establece medidas mitigadoras, que Ineco controla con vistas a que se trasladen a Adif solo riesgos de nivel tolerable", de acuerdo con su tesis.

En lo relativo a la desconexión del ERTMS embarcado, justifica que "el cambio de un sistema a otro (por el Asfa) estaba previsto en la normativa". De hecho, afirma que en esa normativa "se preveía el cambio de un sistema a otro sin necesidad de autorización alguna por Adif ni evaluación alguna de riesgos". "La desconexión del ERTMS embarcado ni tuvo que ser autorizada por el señor Cortabitarte ni es un cambio significativo", concluye.

"En ningún documento de la UTE, ni en el de Ineco, consta la existencia de un riesgo en una curva que el señor Cortabitarte no tenía siquiera por qué saber que existía", defiende el exmando de Adif.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook