22 de diciembre de 2018
22.12.2018

Sentencia definitiva. Se cierra el caso

22.12.2018 | 01:02
Sentencia definitiva. Se cierra el caso

La cifra asusta, traducida a las antiguas pesetas: más de 1.500 millones de euros es la cantidad que, en sentencia definitiva, se estipula para obtener paliativos a las consecuencias económicas de la catástrofe ocasionada hace 16 años en Galicia -extensiva al Cantábrico- por el accidente marítimo del petrolero Prestige. España -el Estado español- es el principal perjudicado. Y con España, Francia, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados entre los que figuran empresas, ayuntamientos, sociedades, mancomunidades y particulares. Quedan fuera de tal reparto entidades como las cofradías de pescadores gallegas, que ya recibieron las compensaciones económicas exigidas en su momento por el grave daño ocasionado por la marea negra provocada inicialmente por los vertidos realizados por el buque de Bahamas mientras aguantó más o menos estabilizado los embates del mar y, posteriormente, la causada por el hundimiento del viejo petrolero.

La sentencia, a día de hoy, no es sino el reconocimiento de lo que no querían, entre otros, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac). No obstante, hay que ejecutar la sentencia y lograr que se hagan realidad las indemnizaciones establecidas en esa que no es sino una sentencia definitiva a la que, indudablemente, pondrán trabas, todas las trabas habidas y por haber para no pagar esas cantidades, la aseguradora London Owners Mutual Insurance Asociation, evidentemente el capitán del buque hundido Apóstolos Mangouras y, aunque como responsable subsidiaria, la armadora del buque Mare Shipping.

Queda, pues, ejecutar la sentencia y lograr que esas indemnizaciones fijadas se hagan realidad para compensar a colectivos como, por ejemplo, el de los bateeiros, muy perjudicados también por los sucesivos derrames.

La sentencia es, sí, el reconocimiento de algo que los responsables del Prestige no han querido reconocer nunca y para nada contempla la petición de la Fiscalía General del Estado, que cuantificó las indemnizaciones a abonar en 4.300 millones de euros. Pero es una sentencia que compensa en buena medida el desencanto nacido del juicio celebrado en A Coruña y que no satisfizo a nadie.

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