La Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno central supondrá, si finalmente se llega a aprobar, un giro completo al actual modelo de movilidad, donde el vehículo de combustión es la clave de bóveda en la que se apoya el sistema. La nueva normativa no solo propone prohibir la venta de coches diésel y de gasolina a partir del año 2040, sino que mucho antes, en 2023, obligará a establecer restricciones de tráfico a los coches más contaminantes en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes. De mantenerse la ley tal como está redactada y en los mismos términos, algo más de la mitad (el 53,4%) de los vehículos matriculados en Galicia no podría acceder, por sus altas emisiones, al epicentro de las siete ciudades. Nada menos que 1,1 millón de coches, furgonetas y camiones se verían afectados por las limitaciones, según el censo de la Dirección General de Tráfico a diciembre de 2017.

En términos generales, los vehículos (principalmente coches y furgonetas ligeras) que no podrán acceder al centro de las ciudades son los diésel matriculados con anterioridad a enero de 2006 y los de gasolina anteriores a enero de 2000. Se considera que son los que más sustancias contaminantes emiten a la atmósfera por las características de sus motores de combustión.

La Ley de Cambio Climático, que se remitió el pasado mes a los grupos parlamentarios para su debate en el Congreso,Ley de Cambio Climático establece que las ciudades deberán adoptar "medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad". Esto supone que las urbes tendrán que restringir en sus vías la circulación de coches para crear zonas de bajas emisiones, de forma similar a la que ya aplican algunas capitales como Madrid.

Las exigencias, en todo caso, serán mayores para las urbes más grandes. Aquellas que superen los 100.000 habitantes, como es el caso de A Coruña, Vigo y Ourense, tendrán que entregar al Ministerio de Transición Ecológica un Plan de Energía y Clima en el año 2021 en el que establezcan qué medidas van a adoptar para reducir las emisiones contaminantes y facilitar un entorno más sostenible.

Si se toma como ejemplo Madrid, a su centro actualmente solo pueden acceder, bajo determinadas condiciones, los vehículos más eficientes en consumo y emisiones, marcados con los distintivos 0, ECO, B y C. El resto, los que no pueden acceder a estas etiquetas ambientales ni entrar en el centro urbano, son los de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel de antes de 2006.

En Galicia, el 53,4% de los vehículos no tiene acceso a este distintivo medioambiental por la contaminación producida por los motores. El porcentaje más alto corresponde a las provincias de Lugo y Ourense, debido a la antigüedad de su parque móvil. Se quedarían afectados por las restricciones en las ciudades casi 6 de cada 10 coches, furgonetas y camiones.

En Pontevedra los vehículos sin distintivo representan el 53,4% de su parque, mientras que en A Coruña se rebaja a la mitad justo.

Sí cumplirían con los requisitos de bajas emisiones 973.507 vehículos en Galicia, según los datos de la DGT a diciembre de 2017. Del tipo 0, los más ecológicos, apenas hay medio millar de coches en la comunidad. Los ECO superan por poco los 7.000, mientras que los de clase C son algo más de 300.000 y los de tipo B, el grupo más numeroso, casi llegan a los 662.000.

En el conjunto de España, el porcentaje de vehículos sometidos a restricciones sería un poco inferior al registrado en Galicia, el 47%. En el Estado hay 34,9 millones de matriculados de los que 16,4 no pueden acceder a distintivo ambiental alguno.

Las limitaciones en el tráfico que quiere imponer el Gobierno alcanzarían a 138 ciudades de más de 50.000 habitantes, de las cuales 60, con más de 100.000, estarían obligadas a presentar un Plan de Energía y Clima con medidas concretas.

La idea es que se limite la circulación de vehículos y, en su lugar, se faciliten desplazamientos a pie o en bicicleta y que se mejore el transporte público, que también deberá adaptarse al nuevo contexto para luchar contra la contaminación. El Gobierno propone que se electrifique la red de transporte colectivo o bien se usen combustibles que emitan gases de efecto invernadero. Asimismo se fomentará el uso de medios de transporte eléctricos privados para lo que deberán incrementarse los puntos de recarga. De hecho, obligará a las estaciones de servicio que tengan mayor volumen de ventas a convertirse en 27 meses en electrolineras.

Haz click para ampliar el gráfico