"Juzgados que tienen varias causas con 100.000 folios son imposibles de gestionar"

-Galicia es la cuarta comunidad más segura, pero los homicidios, las agresiones sexuales o la violencia de género han aumentado. ¿Qué delitos preocupan más a la Fiscalía?

-En Galicia, los delitos relativos a la libertad sexual han crecido un 12% y los malos tratos en el ámbito familiar, un 13%. Dentro de este último, las agresiones de hijos a padres ya conforman un 20%. Desde un punto de vista de fijación de prioridades, la Fiscalía tiene en primer lugar los delitos sobre la violencia a la mujer ya que los parámetros siguen aumentando. En segundo lugar, la corrupción porque tiene trascendencia no solo en las instituciones públicas y privadas y en los ciudadanos, sino también en el ámbito internacional. Y en tercer lugar, los delitos contra la seguridad vial, que afectan a todas las capas sociales. En lo que a Galicia se refiere colocaría en cuarto lugar los delitos medioambientales relacionados con los incendios forestales.

-¿El problema para reducir las estadísticas en estos delitos radica en la ejecución de la pena?

-No creo que el problema fundamental esté en la ejecución de la pena. En violencia sobre la mujer es muy importante el ámbito preventivo. En seguridad vial la concienciación es esencial. En materia de incendios, el problema es identificar al autor por la destrucción de pruebas. Insistimos en la necesidad de colaboración e los ciudadanos.

-El asesinato de Laura Luelmo ha reabierto el debate sobre la prisión permanente revisable. ¿Es partidario de mantenerla?

-Es una pena que, con sus matices y modulaciones, existe en países de nuestra órbita cultural cercana como en Francia, Alemania o Italia. Además, el Consejo Fiscal informó favorablemente a la introducción de esta pena en el Código Penal. En Galicia tuvimos la primera sentencia en España, que fue el caso del parricidio de Moraña. Esta pena tiene unos matices penitenciarios sui generis: cuándo se pueden conceder los permisos, cuánto tiempo ha de pasar para que se conceda el tercer grado, cuándo se ha de revisar... Todo eso va a delimitar cómo es la aplicación de la prisión permanente revisable. No debo decir más sobre este tema.

-El elevado número de delitos de corrupción llevó a la Fiscalía gallega a reclamar una Fiscalía Anticorrupción. ¿Tienen ya el compromiso de Madrid?

-En la fiscal del Estado hay una sensibilidad importante a los efectos de estudiar una regulación concreta y un nombramiento en esta materia. Los delitos relacionados con la corrupción son seguidos en todas las Fiscalías a través de la sección especializada de delincuencia económica. En ningún caso están huérfanos de seguimiento y de una investigación. Por el momento en España, solo la franja mediterránea, y no toda, cuenta con fiscales especializados en esta materia.

-Hay causas que tienen más notoriedad por los jueces que las instruyen que por los hechos investigados ¿Son buenos los jueces estrella o dañan la credibilidad de la Justicia?

-Las estrellas mediáticas fuera del ámbito puramente mediático, no me parece bueno. Ni los fiscales, ni los jueces estrellas me resultan agradables. Lo que hay que ver es cómo funciona el sistema y la instrucción y si es un modelo adecuado o si se debe cambiar a otro con el que probablemente se evitarían estas matizaciones personalistas. Prácticamente la unanimidad de los jueces instructores desarrollan su trabajo al margen de esa presión mediática, y lo hacen de forma correcta y eficiente.

-Pone en el foco en el desarrollo de la instrucción. Tras varios toques de atención sobre la demora en algunas macrocausas, el Poder Judicial abrió expediente disciplinario a la juez De Lara. ¿Comparte la decisión y qué medidas deben adoptarse para evitar "retrasos injustificados" y supuestos abusos procesales?

-Respecto al expediente en trámite, no tengo nada que opinar. En breve se decidirá si eso es inocuo a efectos disciplinarios o si merece una sanción. Más allá de lo que son los personalismos o casos concretos, es importante que nos adecuemos a un sistema actualizado de instrucción de forma que se pase a la figura del fiscal instructor, con sus contrapesos y equilibrios y las medidas que haya que adoptar para reforzar la imparcialidad. Ese es un modelo más moderno que permitiría dedicar equipos completos de fiscales y funcionarios a una investigación concreta. Hoy en día un juzgado de instrucción que tenga varios asuntos con cerca de 100.000 folios cada uno, es obvio que eso es imposible de gestionar.

-Instrucciones interminables, juicios que tardan años, causas que se van al traste por errores en el proceso. Con este panorama, los ciudadanos se preguntan: ¿tenemos una Justicia justa, ágil y eficiente?

-Uno de los puntos fundamentales de un sistema judicial nacional es la rapidez o dilación con la que se terminan los procedimientos. Todos los indicadores internacionales y nacionales evidencian que no solo España sino también los países de nuestro entorno tienen un problema en este sentido. ¿Cómo podría superarse? Desde el punto de vista de una reforma procesal amplia, una con la instrucción por parte del Ministerio Fiscal, otra el estudio del ejercicio de la acción penal. Recordemos que en el caso del Prestige hubo más de 1.000 acusaciones lo que dificulta los avances procedimentales. Es un tema excesivamente debatido: la necesidad de un pacto de Estado en Justicia en el que se dedique una mayor partida presupuestaria, hasta llegar al 2 o 2,5% del PIB que existe en otros países. Y poder modificar la ratio que hay de fiscales por ciudadanos, en España 5 por cada 100.000 cuando Europa está en 11. O la de jueces, 12 por cada 100.000 frente a 21 en Europa. Y de funcionarios por fiscal, en España 0,85 y en otros países pasan de la docena.

-Sin ese pacto de Estado, las reformas que se hagan serán meros parches y se continuará con un sistema judicial más propio del siglo pasado?

-La planificación estatal en materia de sanidad, educación e infraestructuras es muy importante. Pero desde la democracia, la Justicia está necesitada de que algún gobierno, los operadores jurídicos y todas instituciones se pongan ya de acuerdo en hacer una reforma integral con un Pacto de Estado y que no sean reformas parciales.

-La huelga en Xustiza agravó el colapso de los tribunales. ¿Qué horizonte se marca para que la situación vuelva, al menos, a cómo estaba antes del paro?

-En Fiscalía hemos computado 50.000 horas perdidas por la huelga. Eso está en fase de solucionarse a través de los acuerdos con la Xunta que han incrementado la prolongación de jornada a los funcionarios que lo han solicitado, que casi se acercan al 50%. En breve ese colapso y atraso derivado de la huelga, si no está ya solucionado en las oficinas fiscales, se solucionará. Otra cosa es el problema endémico de los atrasos habituales.

-Jueces y fiscales también convocaron varias jornadas de protesta para reclamar más medios y mayor independencia. ¿Qué nota pone a la Justicia española en general y gallega en particular sobre su independencia?

-Si la pregunta es si yo he sido objeto de presión de algún estamento político, de grupos o de ciudadanos, la respuesta es sencilla, simple y directa: Jamás he tenido presiones, incluidos mis jefes. El ciudadano puede quedarse tranquilo. El nivel de independencia de los fiscales es 10. Por otro lado, debo afirmar que hay instrumentos más que suficientes para que si tal cosa sucediese fuese inadmitida y resultase irrelevante. La sociedad actual es consciente de que estas cosas no deben existir. Hay una concienciación. El Ministerio fiscal tiene una lealtad constitucional inquebrantable.

-Tres años después de la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿corren peligro algunas causas complejas de quedarse por el camino por los plazos más cortos que marca la ley?

-La reforma tuvo aspectos positivos constatables, entre ellos la disminución de asuntos que ingresan en los tribunales. Antes estábamos en 215.000 y en 2017 fueron apenas 137.000. En los atestados donde no hay autor conocido, la mayoría siguen en el ámbito policial y no sobrecargan la Administración de Justicia. También hay aspectos muy controvertidos en la reforma. Uno es la fijación de plazos en materia de instrucción. Al parecer hay una reforma próxima para suprimir ese artículo. Según han pedido las asociaciones de jueces y fiscales. Quiero tranquilizar a los ciudadanos, no tengo constancia de que en el ámbito de Galicia se haya producido ningún problema incidental grave que afecte a procedimientos en trámite o macrocausas. Los plazos que se han ido cumpliendo han tenido el estudio correspondiente, complejo y meritorio por parte de los miembros del Ministerio fiscal para evitar esas disfunciones.

-En los últimos años han aumentado las demandas de consumidores por las preferentes, cláusulas suelo, eléctricas, peajes? ¿qué papel está jugando la Fiscalía en acciones colectivas?

-La imagen habitual que se proyecta del Ministerio fiscal es el ejercicio de la acción penal en los tribunales. Sin embargo, cabe recordar que el ordenamiento jurídico nos atribuye medidas tuitivas de gran relevancia con los colectivos más desfavorecidos, como ocurre con los menores, discapaces, mayores y consumidores. En materia de consumo, las Fiscalías de Galicia están aumentando progresivamente a través de las acciones colectivas la protección de los consumidores y usuarios. La Fiscalía de A Coruña ha tenido éxitos relevantes en demandas colectivas referentes a empresas de suministro de servicios, energía, telefonía, entidades financieras? Y la demanda colectiva de la Fiscalía de Pontevedra trata en defensa de los consumidores de ejercitar una acción colectiva por lo que consideramos una práctica abusiva de Autopistas del Atlántico al cobrar los peajes íntegros cuando durante tres años por las obras de Rande hubo notables perjuicios para los ciudadanos. Durante dos meses, los usuarios que quieran pueden personarse con abogado y procurador.