La demanda de ayudas al alquiler ha desbordado las previsiones de la Xunta. Con los precios de los arrendamientos cada vez más caros, son muchos los gallegos que tienen dificultades para costear la renta mensual. De ahí que la medida estrella del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021, diseñado por el Ministerio de Fomento en colaboración con las comunidades autónomas, hayan sido las ayudas al alquiler. La Xunta abrió el plazo para presentar las solicitudes el pasado mes de junio. El 31 de julio se cerró el plazo y cinco meses después todavía no se ha resuelto la convocatoria. Una de las razones es el ingente volumen de peticiones recibidas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Son 11.890 los gallegos que compiten por una de las 4.200 ayudas previstas por el Gobierno autonómico. Es decir, la cifra de solicitudes triplica la estimación de perceptores del IGVS.

Resolución

La Xunta confía en resolver la concesión de estas subvenciones en enero. Aunque el plazo para concederlas finaliza mañana, el Instituto Galego de Vivenda e Solo justifica la demora por el elevado volumen de peticiones. "Terminamos ahora los trabajos de mecanización de la totalidad de las solicitudes. Ahora están en proceso de baremación, un proceso que requerirá una dedicación de tiempo y efectivos significativa", explican desde el IGVS.

A pesar del retraso, los beneficiarios tendrán derecho a cobrar la ayuda con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018. La cuantía máxima de la prestación será de 250 euros.

El presupuesto disponible es de 14,8 millones de euros y las subvenciones se concederán por concurrencia competitiva. Es decir, se evaluarán los ingresos y los miembros de la unidad familiar y, en función de eso, se fija un baremo. Las ayudas se concederán por orden de prioridad hasta agotar el crédito.

En hogares de una sola persona tendrán prioridad los que ingresen menos de 806 euros al mes, si son dos miembros el tope asciende a 1.074 euros mensuales y con tres o más integrantes de la unidad familiar el límite será de 1.342 euros al mes.

Esto significa que de los 11.890 solicitantes, dos tercios se quedarán sin ayudas. La Xunta defiende, sin embargo, que se garantiza que los más necesitados cobrarán la prestación destinada al alquiler.

En todo caso, al tratarse de una línea prioritaria del Plan de Vivienda, el volumen de perceptores previsto por la Xunta, de 4.200 familias, será mayor que la anterior convocatoria de ayudas del año 2015 cuando solo hubo 1.700 beneficiarios. Y eso a pesar de que el Gobierno gallego introdujo criterios más restrictivos de renta que los fijados a nivel nacional. El tope de ingresos mensuales en esta convocatoria se estableció en 1.340 euros en Galicia, frente a los 1.611 que recogía el Plan de Vivienda en el ámbito estatal.

Las ayudas al alquiler de la anterior convocatoria de 2015 se prorrogaron hasta 2017. Pero desde que comenzó este año no había ninguna subvención en vigor que ayudase a la familia a costear la renta del alquiler. De ahí que cuando se resuelvan en enero, tendrán carácter retroactivo y se le pagarán los atrasos correspondientes a todo 2018.

Estas subvenciones al alquiler están dirigidas a todos los hogares, aunque habrá colectivos preferentes: mayores de 65 años, menores de 35 años y familias numerosas.

Para ser beneficiarios deben contar con ingresos entre 0,7 y 2,5 veces el Iprem, es decir, entre 376 y 1.342 euros mensuales. Los umbrales máximos de renta serán más elevados para las familias numerosas. Si son de categoría general podrán beneficiarse de ayudas al alquiler si ingresan menos de 2.151 euros mensuales, lo mismo que las personas con una discapacidad que no sea grave. Si son familias numerosas de categoría especial o con una discapacidad grave el tope de renta sube a 2.689 euros.

Con carácter general la subvención costeará el 40% del alquiler, salvo en el colectivo de mayores de 65 años y menores de 35 años que recibirán el 50%. En todo caso, la renta que se paga al casero debe estar dentro de unos límites y en Galicia son más bajos que los fijados en el Plan de Vivienda 2018-2021 debido a que el precio de los arrendamientos en la comunidad también es inferior a la media nacional. La Xunta fija el límite en 500 euros en las ciudades, salvo en Lugo y Ferrol. En estas dos urbes y los ayuntamientos medianos lo baja a 400 euros y en el rural lo que se paga de arrendamiento no deberá superar los 300 euros. Si se trata de familias numerosas estos umbrales podrán elevarse un 20%.