2018 se convertirá previsiblemente en el séptimo ejercicio consecutivo que las entidades municipales cierran con más ingresos que gastos, un saneamiento que los ayuntamientos han esgrimido como arma de presión política para lograr mayor autonomía financiera y libertad para gastar su superávit justo antes de las elecciones municipales del próximo mayo. Sin embargo, en esa tónica general un total de 42 concellos tuvieron que aplicar recortes y apretarse el cinturón para poder cuadrar sus cuentas y llegar a este 2019 electoral saneados y sin que decidan por ellos sobre sus recursos. Un total de diez pertenecen a la provincia de A Coruña, entre ellos Oleiros, Cambre y As Pontes. La cifra puede aumentar, pues en octubre el Ministerio de Hacienda detectó otros 33 municipios que incumplían la regla de gasto, pero todavía no constan en sus informes las medidas aplicadas por ellos.

En el momento de mayor dureza de la crisis económica, con los ingresos públicos desplomados y el desempleo propagándose como una epidemia, el entonces Gobierno de Rajoy aprobó en 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, norma que impuso el control del déficit público y el pago de la deuda de las administraciones como prioridades, herramienta para frenar la sangría de recursos del Estado amparada por la reforma exprés de la Constitución pactada por PP y PSOE.

Esa norma sigue vigente y obliga a los ayuntamientos y diputaciones a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria -el límite de déficit autorizado para los entes locales en 2017 era del 0% y lograron un superávit del 0,59%- y deuda pública y la regla de gasto -que el desembolso no aumente por encima de la previsión de crecimiento de la economía-.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, un total de 42 ayuntamientos gallegos incumplieron el año pasado alguno de esos parámetros y debieron aprobar un plan económico-financiero para ajustar sus balances. Esa hoja de ruta de tijeretazos debía ser detallada -con la causa del desvío presupuestario, previsiones de ingresos y gastos y calendario para encauzar su rumbo- y enviada no al Ministerio de Hacienda, sino a la Consellería de Facenda, pues la Xunta posee la competencia de tutela financiera sobre los entes municipales.

Su labor se limita a la vigilancia, pues sus informes de supervisión son enviados al Ejecutivo central, que es quien puede aplicar castigos para forzar que se acate la ortodoxia económica incluso mediante la intervención de las cuentas municipales, como amenazó el equipo del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ayuntamiento de Madrid si no rebajaba su previsión de gasto. En Galicia tomó las riendas de la economía del pequeño municipio ourensano de Os Blancos en plena crisis.

Durante el año pasado, fueron doce los ayuntamientos pontevedreses que aplicaron ese tipo de planes: Silleda, Moraña, O Rosal, Campo Lameiro, Fornelos de Montes, Tui, Bueu, Poio, Pazos de Borbén, O Porriño, Mos y A Cañiza. La misma cifra registró Lugo: Barreiros, Pedrafita do Cebreiro, Mondoñedo, Monterroso, O Corgo, Burela, Vilalba, Palas de Rei, Foz, Rábade, O Valadouro y Outeiro de Rei. En el caso de la provincia de A Coruña, la cifra alcanzó los diez: Cerdido, Oleiros, Porto do Son, Oroso, Cariño, Outes, Cambre, As Pontes, Muros y Moeche. Y en Ourense son ocho Verea, A Teixeira, Vilariño de Conso, O Bolo, Padrenda, A Bola, Ramirás y O Irixo.