El Consello de Contas pondrá este año el ojo, entre otros objetivos, en los criterios que usan las diputaciones a la hora de repartir sus fondos entre los diferentes ayuntamientos en sus respectivos planes provinciales. Esta distribución de recursos es casi siempre objeto de polémica, dado que los partidos que no gobiernan las corporacione provinciales consideran que sus concellos resultan discriminados.
Esta fiscalización no surgió de oficio del Consello de Contas, sino que es una propuesta del Parlamento autonómico. PP y BNG se pusieron de acuerdo el pasado año para plantear esta reclamación. La corporación provincial de Ourense está gobernada por el PP, pero las otras tres, A Coruña, Pontevedra y Lugo, están en manos del PSOE.
Lo que evaluará el Consello de Contas son los criterios de reparto de los fondos entre los diferentes ayuntamientos a través de los planes provinciales, pero también la eficiencia del gasto y su peso relativo en los presupuestos en relación con las competencias que deben desarrollar. "Este informe tiene por finalidad determinar si las actividades, operaciones e información de los planes provinciales cumplen, en sus aspectos significativos, con la normativa aplicable, así como la eficiencia del gasto realizado", según se recoge en el plan anual de trabajo 2019 del órgano fiscalizador de la comunidad gallega.
La Diputación de Ourense, por su parte, será objeto de una inspección selectiva adicional en la que se analizará el control interno así como la documentación sobre la actividad contractual y sobre los acuerdos contrarios a los reparos formulados por la intervención de la entidad. Este mismo enfoque se dará a una fiscalización también selectiva del Concello de Vigo.
Concellos de A Coruña
Otros nueve ayuntamientos, cinco de la provincia de A Coruña (Boiro, Trazo, Carballo, Curtis y Padrón), también serán fiscalizados este año por el Consello de Contas, en este caso por denuncias de terceros que afectan a áreas de gestión muy concretas.
En el Ayuntamiento de Boiro serán objeto de análisis los levantamientos e reparos suspensivos formulados por intervención municipal y el presunto uso abusivo de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos. En Trazo, se evalarán posibles irregularidades en el pago de indemnizaciones en concepto de dietas y viajes en el periodo 2014-2017. En Carballo se examinará el abono supuestamente irregular de ciertas gratificaciones extraordinarias. En Curtis será objeto de control el contrato de recogida de basura y en Padrón, la no formalización de unos contratos o convenios así como el levantamiento de repartos suspensivos para el pago de facturas.
Con respecto al conjunto de las administraciones locales, Contas controlará un año más los acuerdos municipales contra los reparos formulados por los interventores, que se producen cuando la intervención no está de acuerdo con una determinada acción de gasto y es el gobierno local el que justifica que, a pesar de las objeciones, se continúe adelante. "Se quiere reforzar el control interno de las entidades locales habida cuenta de la debilidad de la función interventora local, en el sentido de que carecen de un órgano jerárquico superior en el que apoyarse y tienen una mayor relación de dependencia, disciplinaria y retributiva, de la administración local a la que fiscalizan", explica el Consello de Contas.
El Sergas será, por su parte, objeto de tres fiscalizaciones, no en vano consume el 40% del presupuesto de la Xunta. Además de la relativa a la cuenta general, que se hace todos los años, en 2019 habrá otras dos. Una comprobará los ingresos que obtiene el Servizo Galego de Saúde procedentes de su propia actividad no financiada por el Sistema Nacional de Salud, como es la asistencia que presta por accidentes laborales, de tráfico o de competiciones deportivas, donde las aseguradoras deben cubrir los costes. Contas asegura que conocer al detalle esta actividad "supone un elemento cada vez más importante para garantizar el equilibrio financiero de la entidad".
La tercera fiscalización se centra en el contrato de colaboración público-privada firmado en 2016 por el Sergas por importe de 78 millones de euros para "dar un solución global que cubra las necesidades de realización de pruebas y procedimientos de diagnóstico por imagen, intervencionismo, medicina nuclear y radioterapia".
"Se trata de un contrato novedoso en cuanto al procedimiento de adjudicación al tener en cuenta aspectos de innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, y que tiene un impacto temporal y económico relevante", argumenta el Consello de Contas para ordenar la inspección. La finalidad es analizar el cumplimiento de la normativa en materia de contratación, así como el análisis de los resultados obtenidos en las distintas fases y las mejoras tanto tecnológicas como innovadoras resultantes del contrato.
