El pasado mes de octubre, la Xunta reconocía que su programa de viviendas vacías para dedicarlas al alquiler a precios reducidos apenas había dado resultados dos años y medio después de su implantación. Pero el Gobierno gallego no quiere renunciar a esta iniciativa que forma parte de lo que ha llamado Nova Axenda Social y pretende insuflarle más oxígeno en forma de subvenciones. Ha duplicado las ayudas, que ahora pasan a ser de 8.000 euros en todos los supuestos, para incentivar la incorporación de pisos vacíos al plan, algo que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda considera una "necesidad" ante el claro incumplimiento de las expectativas puestas en este programa.

Esta medida se desarrolla en colaboración con los concellos y su objeto es conseguir que los ciudadanos con inmuebles desocupados los destinen al alquiler a precio reducido, dando preferencia de acceso a las familias con más dificultades.

La Xunta se hace cargo de un seguro multirriesgo del hogar y de otro de garantía de cobro de la renta, además de facilitar ayudas a los propietarios de las viviendas con las que realizar arreglos para poner en condiciones los inmuebles e incluso rehabilitarlas integralmente.

En las convocatorias anteriores, los importes máximos de las subvenciones para este fin eran de 4.000 euros para los pisos y de 5.500 para las viviendas unifamiliares. Pero en la nueva orden, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia, el incentivo pasa a ser de 8.000 euros para todos los casos. "La necesidad de incentivar la incorporación a este programa de viviendas vacantes motiva que se decida incrementar el importe máximo de la subvención para la rehabilitación de viviendas", argumenta la Consellería de Medio Ambiente, que desde la última remodelación del Gobierno gallego ha asumido las competencias sobre vivienda.

El programa Rehaluga se puso en marcha en mayo de 2006 con la firma de un acuerdo entre el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la Federación Galega de Municipios e Provincias. Los municipios actúan como intermediarios entre las personas propietarias de los pisos vacíos y el IGVS, además de proponer el procedimiento de selección de arrendatarios y de adjudicación de vivienda. Y la Xunta incentiva a los dueños con subvenciones para rehabilitar los inmuebles y asume las pólizas de seguro.

Según los cálculos iniciales del Gobierno gallego, entre 2016 y 2019 se preveía que unas 600 viviendas se incorporasen al plan, pero el resultado final fue muy distinto. En comparecencia parlamentaria, el director xeral del IGVS, Heriberto García, admitió el pasado octubre que no se cumplieron ni de lejos las expectativas, pues solo 53 concellos se habían adherido al programa y únicamente 16 viviendas pasaron a conformar la bolsa de inmuebles vacíos de la Xunta.

En todo caso, el IGVS trasladó la responsabilidad del aparente fracaso del plan a los ayuntamientos, concretamente a las principales ciudades de Galicia, pues en octubre solo Santiago y Ourense estaban adheridas.

Los alquileres de esta modalidad no pueden exceder los 350 euros mensuales en A Coruña, Vigo, Santiago y Pontevedra, los 250 en Lugo y Ferrol y las principales villas y cabeceras de comarca, y los 200 en el resto de las localidades de la comunidad autónoma.