La Dirección General del Catastro ha lanzado un nuevo sistema de registro que permitirá incorporar de forma automática y continua todas las alteraciones que se produzcan en los bienes urbanos y rústicos, evitando de paso que no deje de inscribirse ningún cambio en las propiedades. Para que funcione este modelo es indispensable la colaboración de los ayuntamientos y para conseguir este objetivo, el Catastro ha diseñado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por Abel Caballero, un modelo de convenio para que los concellos se adhieran voluntariamente a esta innovación y permitan la "actualización continua" de todos los elementos que conforman la realidad catastral.

Ahora, salvo procedimientos extraordinarios de regularización como el iniciado en 2013 y que todavía no ha concluido para destapar bienes ocultos sin declarar, ya son los ayuntamientos los que declaran al Catastro los cambios y alteraciones que se producen en los inmuebles de su término municipal, funcionando mejor en unos casos que en otros y con una periodicidad anual que, dependiendo del tamaño del concello y de los medios de que dispone, son más o menos rigurosos en su declaración y en el respeto de los plazos.

Lo que se pretende es que en vez de esperar la comunicación de los ayuntamientos, esta se produzca en el mismo momento, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, en que se produzca cualquier alta o alteración de un bien urbano o rústico. Cierto que los ayuntamientos no son los únicos que pasan información al Catastro, pues también lo hacen las diputaciones o los registradores de la propiedad -además de los propios agentes del Catastro-, pero los gobiernos locales son los mejores conocedores de la realidad y con ellos se quiere reforzar la colaboración "aprovechando la experiencia acumulada y las oportunidades que ofrece el nuevo escenario tecnológico", se destaca desde el Ministerio de Hacienda, del que depende la Dirección General del Catastro.

"El nuevo modelo aspira a que la colaboración se extienda a todo tipo de alteraciones catastrales (jurídicas, físicas o económicas; expedientes declarativos, de oficio...) y a todo tipo de bienes; todo ello con la idea de alcanzar acuerdos cuyo objeto comprenda una gestión integral del territorio, en el que las entidades locales aportan el conocimiento exhaustivo de las transformaciones que se operan sobre el territorio, facilitando que no deje de incorporarse ninguna alteración", precisa Hacienda.

Prosigue en su argumento señalando que los ayuntamientos "conocen perfectamente todas las alteraciones físicas" que se producen en su ámbito y que son entidades que otorgan licencias en su práctica mayoría, "de manera que con su participación en este nuevo modelo no hay alteración que no se incorpore a la base de datos catastral, robusteciéndose así un modelo de actualización que cuenta con el mayor grado de anticipación".

Este sistema, donde las nuevas tecnologías tienen un peso fundamental, está llamado a sustituir el procedimiento declarativo actual por parte de los municipios para informar de las alteraciones, por otro de comunicación que implicará la reducción de las cargas administrativas, evitar el fraude fiscal garantizar la integridad de las actuaciones. En todo caso, la adhesión por parte de los concellos a este nuevo modelo de control exhaustivo será voluntaria.