La Dirección General del Catastro ha concluido en Galicia el programa extraordinario de regularización de bienes cuyos propietarios no los habían declarado y, por tanto, no estaban pagando el correspondiente IBI. La inspección ha permitido descubrir nada menos que 447.910 inmuebles que estaban a todos los efectos fuera del foco fiscal, de los que 163.544 pertenecen a la provincia de A Coruña. Su inscripción en los registros catastrales permitirá nutrir las arcas municipales y el Ministerio de Hacienda calcula que la regularización de este casi medio millón de bienes ocultos supondrá para los concellos unos ingresos adicionales, en concepto del IBI, de unos 50 millones al año, al margen de lo que ya han ingresado por la liquidación de los atrasos.
Este plan extraordinario se inició a mediados del año 2013 y el objetivo era regularizar todos aquellos bienes que no figuran en los registros del Catastro, ya sean construcciones de nueva planta, ampliaciones, cambios de uso o reformas que eleven el valor del inmueble. Para ello, se peinaron todos los ayuntamientos con drones, fotografías aéreas y recorridos a pie, en busca de esas edificaciones sin declarar para incorporarlas a la base de datos y, en consecuencia, tener que pagar por ellas el IBI.
El rastreo de los últimos 79 concellos que estaban pendientes en Galicia se culminó el pasado mes de diciembre y ahora Hacienda presenta el balance del programa. Los inspectores comprobaron 2,664 millones de inmuebles urbanos y en el 17% detectaron que sus propietarios no estaban al día en sus obligaciones. Ahora ya lo están tras sumarse al censo catastral 163.544 bienes en la provincias de A Coruña, 104.801 en la de Pontevedra, 101.860 en la de Lugo y 77.705 en la de Ourense. En toda España, el proceso de regularización alcanzó más de 3 millones de inmuebles.
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Del total de bienes descubiertos en la comunidad gallega que no tributaban hasta ahora por el IBI, el 40% se corresponde con nuevas construcciones, mientras que otro 43% son ampliaciones y rehabilitaciones. Las reformas y cambios de uso representan el 15% y las piscinas, solo el 2%. El caso más destacado se da en la provincia de Ourense, donde más de la mitad de los inmuebles no declarados (el 52%) eran de nueva planta.
El plan extraordinario del Catastro no sirve para legalizar viviendas fuera de la ley, pero sí para inscribirlas en sus registros para que sus dueños comiencen a pagar el IBI. Y el impacto es notable. A partir de ahora, una vez concluido el proceso de rastreo, los concellos tendrán unos ingresos adicionales por este impuesto de unos 50 millones al año, el 10% de la recaudación actual. Hacienda calcula que el recibo medio de la contribución por cada bien descubierto es de 113 euros, una cifra, en todo caso, baja con respecto a la media de España, donde llega a los 174 euros.
A este importe hay que sumar la recaudación del IBI por los cuatro años anteriores a su regulación, que queda en manos de los concellos el reclamarla o no. Según Hacienda, esta liquidación de los atrasos es de 301 euros de media, por lo que en total serían unos 135 millones de euros los que habrían cobrado por este concepto -solo una vez- los ayuntamientos gallegos.
Además, cada regularización conlleva una tasa de 60 euros, dinero que acaba en el Catastro para financiar precisamente el desarrollo de este programa extraordinario.
El ayuntamiento de Santiago encabeza el ranking de concellos con más inmuebles regularizados, o lo que es lo mismo, era el municipio de Galicia con más bienes sin declarar y por los que sus dueños no tributaban por el IBI. Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, se censaron nada menos que 11.527 propiedades que no aparecían en los registros catastrales o bien sufrieron reformas y ampliaciones con respecto a la declaración inicial.
En segundo lugar figura el concello de Vigo, con 8.558 regularizaciones, pero resulta que la ciudad olívica tiene casi 270.000 inmuebles por solo 159.000 en Compostela. De A Coruña todavía no hay datos detallados, ya que su revisión fue de las últimas en hacerse, lo mismo que tampoco de los otros 78 ayuntamientos cuya inspección acabó en diciembre.
El tercer puesto corresponde al concello lucense de Vilalba, con 7.217 regularizaciones, convirtiéndose en el municipio rural más afectado. En todo caso, este ayuntamiento tiene 127.000 inmuebles censado, un número muy alto para una población que no llega a los 15.000 habitantes.
En la ciudad de Ourense las nuevas inscripciones se quedaron un poco por debajo de las 7.000 y en Carballo casi se llegó a las 6.100. Por encima de las 4.000 regularizaciones de bienes ocultas figuran Arteixo, Ferrol, Redondela, Cangas, Lugo, Chantada y Lalín.
