Más de diez años después de la operación policial que destapó una trama de manipulación de cuentakilómetros en concesionarios y talleres de Galicia, Asturias y Castilla y León, el juicio comenzó ayer en la Sección Sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago. Entre la veintena de empresas investigadas por el trucaje de más de 300 vehículos de segunda mano en las cuatro provincias gallegas, hay tres establecimientos en el entorno de A Coruña con más de 60 coches manipulados, otro en la zona de Guitiriz con 40 y un grupo en Sada que también supera los 40. En el arranque de la vista oral, dedicada a cuestiones previas, las defensas reclamaron la nulidad del proceso y, por tanto, la absolución de todos los acusados alegando que las escuchas realizadas al presunto cerebro de la operación Trucarro, el alemán Johan Grimm, y a los propietarios de los concesionarios no se realizaron de manera legal y, en consecuencia, sostienen que las pruebas obtenidas con posterioridad están contaminadas.
Grimm, encausado por una estafa de alrededor de 800.000 euros, era propietario de la empresa Truck and Car Tecnology Systems creada en 2001 en la localidad coruñesa de Teo en la que se supone que él y otros cuatro empleados alteraban los dispositivos de señalización del kilometraje de los vehículos para venderlos a un precio mayor en concesionarios de toda Galicia.
Los acusados, que empezarán a declarar a partir del próximo miércoles, se enfrentan a penas de entre un año y nueve meses y dos años y seis meses de prisión por delitos de estafa continuada y estafa agravada, según la cantidad de las transacciones realizadas.
El abogado de Grimm, Evaristo Nogueira, advirtió que de declararse ilegales las escuchas, tendría que realizarse un "análisis pormenorizado" para determinar las consecuencias jurídicas para el caso de la ausencia de esta prueba, ya que -argumentó- "provocaría un efecto dominó" que afectaría a todas las acusaciones. "Desde un punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo esas escuchas telefónicas son nulas y se da el efecto piramidal, si las escuchas son nulas, todo lo que viene después es nulo", explicó Nogueira, que emplazó al juez a pronunciarse antes del interrogatorio a los acusados para "saber a qué atenerse".
En la misma línea, el letrado de uno de los empleados del principal acusado, Manuel Ferreiro, argumentó que las escuchas provienen de una causa anterior y no constan las autorizaciones judiciales necesarias. "Mi cliente no tenía conocimiento de que los concesionarios pudieran ocultar a los compradores la alteración del kilometraje; alterarlo no es ilícito, solo lo es cuando se hace para estafar a alguien", defendió Ferreiro.
La primera sesión del juicio estaba previsto que se celebrase en marzo de 2018 pero fue aplazado por la huelga de los funcionarios de justicia. La instrucción del caso, que recoge hechos que se produjeron entre 2006 y 2008, duró cerca de diez años debido a la gran cantidad de tasaciones y comprobaciones que ha sido necesario realizar, ante lo que la Fiscalía apuntó que a la petición de la pena de todos los acusados se les aplicará una atenuante por dilación indebida, según informa Efe.
En este proceso son juzgados los responsables de siete de los 20 talleres y concesionarios acusados de poner a la venta estos vehículos con el kilometraje alterado. Los restantes establecimientos alcanzaron acuerdos de conformidad con el Ministerio público, unos pactos que incluyen el reconocimiento de los hechos por parte de quienes vendieron los coches, y la indemnización a los clientes estafados por esta red, que afectó a más de 300 clientes.
