El politólogo y asesor en el Parlamento Europeo Orestes Suárez presenta el próximo martes en el Rectorado de la Universidad de A Coruña el libro Análisis de la iniciativa de agenda en América Latina y la Unión Europea. La publicación aborda las iniciativas legislativas populares en la UE, los distintos países europeos y América Latina en contraposición con otros mecanismos como los referéndum.

- ¿Cuál es el objetivo del libro?

-Nace en el contexto de la actual desafección que existe hacia la política como vemos en las encuestas de opinión, en la participación electoral decreciente o en la creciente polarización de la escena política. En ese marco de crisis de la representación política pretendo explorar qué vías existen para solventar ese alejamiento progresivo que hay entre políticos y ciudadanos.

- ¿Y una de esas vías es la iniciativa popular?

-Es un mecanismo que lo intento poner en valor como una alternativa al referéndum y como un mecanismo intermedio entre el referéndum y la votación tradicional. Es un mecanismo que por el apoyo de un determinado número de ciudadanos que varía según el país (en España son 500.000 y la iniciativa ciudadana europea es un millón) se eleva a sede parlamentaria una determinada propuesta legislativa que promueve ese grupo de ciudadanos. Aunque al final, la decisión siempre recae en el Parlamento.

- En el libro analiza 25 modelos de iniciativas legislativas de Europa y América Latina. ¿Es un buen mecanismo para solucionar esa desafección?

-En la democracia contemporánea es necesario un mayor diálogo, una conversación más fluida y cercana entre los ciudadanos y los representantes políticos. Este distanciamiento y desapego tiene que ver con esta falta de diálogo. Y poniendo en valor este mecanismo, que persigue que unos ciudadanos propongan y haya un diálogo directo en sede parlamentaria con los representantes públicos, puede contribuir a solventar esa distancia que hemos visto en Andalucía, en Francia con el Frente Nacional...

- ¿No cree que esa falta de diálogo se debe a la excesiva sobreprotección que, por ejemplo, existe en España hacia los partidos y el Parlamento tras la dictadura de Franco? Es muy complicado mantener un diálogo cuando una de las partes está en una posición tan superior a la otra.

-En el caso español tiene toda la razón. Cuando se redactó la Constitución se ponen muchas precauciones en relación a la iniciativa popular y al referéndum. Pero ya han pasado 40 años y el sistema de partidos ya está consolidado en España. Y, además, la Constitución no regula la iniciativa popular. Es después la legislación la que lo hace y la que pone los obstáculos para que se desarrolle y la que rebaja su importancia. En el libro analizo la manera de reformular el mecanismo en Europa y América Latina para que funcione de manera efectiva. En España ha habido unas 100 iniciativas en los últimos 40 años y solo tres han obtenido algún tipo de resultado. A nivel europeo ha habido unas 70 propuestas, en un plazo menor, desde 2012, y solo cuatro han llegado a debatirse.

- Y ¿cómo sería esa reformulación?

-Hay una parte fundamental que es el tratamiento parlamentario que tiene que ser más equiparable al de las otras iniciativas legislativas de origen gubernamental y que incluso tienen que ser privilegiadas.

- ¿Y que otros cambios son necesarios?

-La accesibilidad del mecanismo: que incorpore medios electrónicos como la firma digital, que las propuestas no tengan forma de ley. En España un grupo de ciudadanos tiene que hacer una propuesta como si fuese el Gobierno y eso requiere una serie de conocimientos técnicos y jurídicos que no están al alcance de todo el mundo o tienen un coste. En Austria o en Costa Rica, por ejemplo, los ciudadanos plantean ideas y propuestas y el legislador después le da una fórmula jurídica.

- ¿Algún cambio más?

-Lo que denomino inclusividad: que los ciudadanos puedan hacer propuestas a partir de los 16 años. No estamos ante un derecho de voto sino ante un derecho de propuesta legislativa. Sería interesante ampliarlo.

- También la temática de las iniciativas populares...

-En España se excluyen de este mecanismo las materias de ley orgánica (derechos fundamentales y libertades públicas, fiscalidad, política internacional, estatutos de autonomía y régimen electoral general) que son los temas más interesantes. Y por esas precauciones de los que elaboraron la Constitución excluyen esas materias.