Las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) reparten fondos entre los ganaderos y agricultores todos los años. En Galicia, son unos 190 los millones de euros cada ejercicio que llegan a más de 30.000 productores. En principio, las nuevas ayudas europeas tenían que estar en marcha en 2019 pero al celebrarse este año elecciones al Parlamento Europeo la aplicación de la nueva PAC no se producirá hasta 2022 o 2023. Las negociaciones para conocer cuáles serán las partidas que se repartirán los países comenzaron el pasado año y 2018 acabó sin que se llegase aún acuerdo. Pero en 2019 el acuerdo debe ser efectivo.
Administraciones y agricultores dan por hecho que el Brexit y el aumento de las partidas para gestión de fronteras y seguridad provocarán un recorte en los fondos a repartir. En un principio se había planteado una disminución del 15%, pero la Comisión Europea prevé que el descenso alcance el 5%.
Ante este tijeretazo, el sector agroganadero gallego reclama nuevos criterios para el reparto de las ayudas porque -advierte- si el recorte es lineal Galicia será una de las comunidades más perjudicadas. Habrá nuevos criterios para la concesión de ayudas, pero aún se tienen que negociar.
La Xunta pretende evitar cualquier opción de renacionalización de estas subvenciones para mantener criterios iguales en toda la UE y establecer un tope de 60.000 euros de ayuda por granja, una forma de favorecer las pequeñas y medianas explotaciones. Para mejorar los resultados de la negociación, Medio Rural incorporará voces independientes al grupo de trabajo que elaborará la propuesta de Galicia que luego enviará al Gobierno central para defender sus intereses en la negociación de la nueva PAC de la Unión Europea a partir de 2020.
