22 de enero de 2019
22.01.2019
La Opinión de A Coruña

El CGPJ deniega las pruebas de la juez Pilar de Lara por los retrasos en sus casos

No acepta los testimonios de dos inspectores que fiscalizaron el juzgado

22.01.2019 | 00:41
El CGPJ deniega las pruebas de la juez Pilar de Lara por los retrasos en sus casos

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por dilaciones indebidas en los procesos que lleva, rechazó las pruebas testificales que había presentado la magistrada.

El abogado de la juez, Agustín Azparrén, avanzó que han recurrido esta decisión de no aceptar los testimonios de dos inspectores del Consejo que fiscalizaron el juzgado que lleva macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución, o la Pokémon, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas, o de los "jefes" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan con Pilar de Lara.

"Junto al escrito de alegaciones al pliego de cargos se habían propuesto una serie de pruebas; documentales y testificales, precisamente para justificar que esos retrasos que se imputan son retrasos que están justificados. Y qué mejor que los dos inspectores del Consejo General del Poder Judicial que han hecho las tres últimas inspecciones (entre 2013 y 2014), que hicieron un seguimiento del juzgado y que siempre tuvieron un juicio muy favorable al trabajo de Pilar de Lara", subrayó el letrado.

La declaración de esos dos inspectores, afirmó Azparrén, resulta "esencial" para justificar los retrasos en las instrucciones, además "de otras pruebas (testificales) de los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado colaborando directamente con el juzgado (número 1 de Lugo) en las instrucciones", abundó.

"Toda esa prueba testifical fue denegada, se dice además que no cabe recurso contra la denegación. En todo caso, jurídicamente entiendo que sí (cabe recurso) y hemos recurrido", corroboró.

Azparrén, preguntado sobre si esto supone un "paso atrás" en el expediente, aclaró que "el promotor (de la acción disciplinaria) tiene seis meses de plazo para que no caduque el expediente y el hecho de que a lo mejor haya pruebas testificales y señalar días puede, a lo mejor, hacer peligrar que se agote el plazo de seis meses".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook