Vanesa F.B., cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, compareció ayer finalmente en el juicio que acoge la Audiencia Provincial contra el funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier G.O. y el gerente de Imesapi, Ramón C.A., en relación con el supuesto enchufe en esa concesionaria de esta mujer, citada como testigo. Tras dos incomparecencias, Vanesa F.B., que fue desimputada por prescripción del delito de tráfico de influencias por el que fue investigada en esta causa, acudió al edificio judicial en un acceso que no se efectuó por la puerta principal.

Durante su declaración en sala, la cuñada de Silva, visiblemente nerviosa, fue advertida dos veces por el juez de que no podía negarse a responder a las preguntas de la fiscal.

En un principio respondió con evasivas y se limitó a decir que no recordaba nada y que no tenía "ni idea" de lo que le preguntaban, y que incluso le costaba entender lo que le decían.

Llegó a afirmar que no recordaba si había trabajado alguna vez en su vida, tras lo cual el juez le avisó de que de persistir en esta actitud podría ser acusada de un delito de obstrucción a la justicia.

A partir de ahí, acabó reconociendo que le encargaron realizar una serie de encuestas a indicaciones del gerente de Imesapi, el acusado Ramón C.A., pero que se limitó a hacer las llamadas desde el Ayuntamiento y no en la sede de la concesionaria que la contrató ni en los centros cívicos que gestionaba.

La cuñada de Silva indicó también que no conocía al alto funcionario Francisco G.O. antes de trabajar en Imesapi, empresa en la que, dijo, entregó un currículum al tener conocimiento de que necesitaban reforzar el personal.

Una licenciada en sociología a quien el juzgado de instrucción encargó un informe pericial sobre las encuestas investigadas en la causa declaró en sala que éstas fueron encargadas por el Ayuntamiento de Vigo a precios por encima del valor de mercado y que además carecían del "rigor metodológico" mínimamente exigible.

En el turno de conclusiones, tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por Xuntos, mantuvieron sus peticiones de penas: ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para Francisco G.O., y 13 de cárcel y 35 de inhabilitación, respectivamente, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.