El desafío independentista de la Generalitat de Cataluña convierte la actual coyuntura en "el peor momento" para ceder más competencias a las comunidades, pero si el Gobierno transfiere alguna a esta comunidad o a País Vasco, Galicia esgrime su derecho "histórico" a gozar del mismo nivel de autogobierno pese a sumar una década sin cesión alguna. Este es el planteamiento de la Xunta presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP) ante la propuesta del Ejecutivo central al PNV para elevar el nivel competencial vasco a cambio de su apoyo a los presupuestos estatales de este año. "No admitiremos desigualdades", anunció respecto a las otras dos nacionalidades históricas, que ya superan el autogobierno gallego con competencias en seguridad o tráfico, por ejemplo.
Esa negociación del Gobierno socialista da un paso más respecto a la que abordó la administración de Mariano Rajoy (PP) en 2017 con el PNV y mismo objetivo: nuevas competencias a cambio de respaldar los presupuestos. Entonces, sobre la mesa también estaban la cesión de 33 competencias entre las que destacaban prisiones y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ambas contempladas en el Estatuto vasco. No hubo el acuerdo que ahora sí parece existir, pues el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez ha enviado al PNV un calendario para esos traspasos -incluye prisiones, pero no la Seguridad Social-. Además, Sánchez ofreció cesiones a Cataluña para rebajar tensión y que el independentismo apoye sus cuentas.
El PP gallego pasó del silencio de 2017 a la reivindicación y el miércoles apoyó una iniciativa del BNG para exigir a Moncloa el mismo techo competencial que Euskadi y Cataluña. En Marea y PSdeG se sumaron. "Si el Gobierno transfiere competencias a otras comunidades, el techo competencial de Cataluña y País Vasco tiene que ser el mismo que el de Galicia", expuso Feijóo tras el Consello de la Xunta. Mismo estatus histórico, mismas posibilidades de autogobierno, alegó. Y en función de las condiciones, Galicia decidiría. "Tenemos derecho a reservarnos la posibilidad de analizar cualquier transferencia", alegó, expresando su disconformidad con que el País Vasco sea competente en materia de prisiones. Su jefe de filas en el PP vincula esa cesión al intento del PSOE de retener el poder. "Cuando llegue al Gobierno [...] recuperaremos la gestión de las cárceles para evitar privilegios a golpistas y etarras como permite el PSOE", prometió ayer Pablo Casado.
Aunque pida equiparación con Euskadi y Cataluña, Feijóo considera el conflicto independentista -la "deslealtad" de la Generalitat, dijo- motivo para aparcar esta cuestión. "Es el peor momento para seguir ahondando en las transferencias", indicó, al tiempo que negó que el PP estatal plantee una recentralización del Estado, sino que defiende ceñirse a la Constitución. Además, Feijóo negó un cambio de actitud respecto a los siete años de Rajoy en Moncloa, período en que se transfirieron 30 competencias a otras comunidades. "No ha cambiado nada", sostuvo antes de recordar sus quejas contra el retraso el AVE y el aumento de los peajes de la AP-9, así como su petición de transferencia de esta vía, que se autorizará legalmente antes de abril.
El Gobierno, "receptivo"
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, garantizó que la administración de Sánchez será "receptiva" a las demandas de la Xunta en materia competencial, tras desbloquear en verano la tramitación de la ley que permitirá la cesión de la AP-9, frenada por Rajoy. Además, Losada defendió el desarrollo competencial de los estatutos.
Su compañero Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz parlamentario del PSdeG, propuso que Galicia priorice las competencias de Tráfico en su negociación con Moncloa.
Losada también se refirió a los presupuestos generales de este año, que recortan un 19% la inversión en Galicia. Aseguró que son "realistas" frente a la era de Rajoy, al que reprochó no ejecutar 2.000 millones en cinco años, y mantienen la inversión per cápita de Galicia por encima de Andalucía, Cataluña o Euskadi.
Finalmente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, celebró el "giro" del PP gallego y reclamó competencias para fijar una tarifa eléctrica gallega.
