Casi dos meses después de que el juez del caso Alvia cerrase la instrucción con el maquinista y un alto cargo de Adif como únicos imputados y apenas dos días después de que el exministro de Justicia Rafael Catalá defendiera en el Congreso la gestión del Ministerio de Fomento tras el accidente, Bruselas ha puesto en el punto de mira los incumplimientos de España en materia de seguridad ferroviaria, tanto el modelo para investigar siniestros como el del Alvia como los métodos sobre la homologación de las líneas y los trenes. La Comisión Europea anunció ayer la apertura de un expediente sancionador por las "deficiencias" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente bajo el organigrama de Fomento creado a finales de 2017, en la forma en que "analiza e investiga los accidentes e incidentes", además de detectar problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), entidad pública que se encarga de homologar y certificar el material ferroviario tanto de las vías e infraestructuras que presta Adif como de los trenes Renfe. "Los procesos de seguridad en España no cumplen los requerimientos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria", cuestiona la Comisión Europea en un breve comunicado emitido ayer en el que no da más detalles de la infracción ni se fija en ningún accidente en concreto.
Este no es el primer procedimiento abierto a España por no cumplir la normativa comunitaria de 2004 sobre seguridad ferroviaria. En septiembre de 2013, solo dos meses después del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, Bruselas inició otro expediente sancionador a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Gobierno central modificó la norma en que se nombra a sus responsables. Posteriormente, la Agencia Ferroviaria Europea emitió un informe muy crítico con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de Fomento, que se negó a investigar de nuevo el accidente del Alvia como urgía Bruselas tras colocar como único responsable del siniestro al maquinista. Fue este informe el que finalmente puso en el punto de la investigación judicial a otros exmandos de Adif y Renfe y también permitiese analizar los fallos de seguridad en el sistema ferroviario español.
Detrás de esta nueva intervención de la Comisión Europea están las demandas presentadas por las víctimas ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara a finales de 2015 -una por incumplimiento de la normativa de seguridad y otra por publicidad engañosa- y la presión de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien en julio de 2017 también presentó una denuncia y facilitó la actuación en Bruselas de los pasajeros afectados por el siniestro del Alvia.
La apertura del nuevo expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento, primer paso en el procedimiento de infracción, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses detalle las medidas que haya puesto en marcha. Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, se procederá al envío de un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE para que le imponga una sanción.
A las pocas horas de conocer la decisión de Bruselas, desde Fomento anunciaron que el secretario de Estado de Infraestructura, Pedro Saura, comparecerá a petición propia en el Congreso para detallar la situación y actuaciones previstas en materia de seguridad. El departamento dirigido por José Luis Ábalos alega que ya está "trabajando" en la información requerida por la Comisión Europa y que ultima la redacción de un informe sobre "la mejora de la seguridad en el transporte y las infraestructuras" que presentará "próximamente" en el Consejo de Ministros. y sostiene que el sistema ferroviario español es "seguro" y que "no está puesto en duda por ningún organismo nacional o internacional". Desde Fomento avanzaron prevén presentar un real decreto sobre seguridad operacional e interoperabilidad ferroviaria y "profundizar" en el "proceso de mejora continua" de las investigaciones de la CIAF "de acuerdo a las investigaciones realizadas".
Pese a los requerimientos durante los últimos años desde Europa a la CIAF, que en la actualidad tiene varias investigaciones en marcha -entre ellas el accidente de O Porriño en septiembre de 2016, en el que murieron el maquinista, el interventor y dos pasajeros-, el organismo se negó a reabrir sus pesquisas sobre el siniestro del Alvia. Tanto el anterior Gobierno del PP como el actual alegan que el CIAF al ser una entidad independiente no pueden ordenar la reapertura de las pesquisas técnicas o partir de cero sino tan solo sugerirlo.
