Los ayuntamientos son las administraciones con las cuentas más saneadas. Las liquidaciones del año 2017 muestran que en Galicia cerraron sus presupuestos con 210 millones de superávit, repitiendo por sexto año consecutivo -a la espera de que se confirmen los datos de 2018- con más ingresos que gastos. Ninguna otra administración, en su conjunto, presenta una mejor situación contable a pesar de que el sistema de financiación no es nada generoso con los municipios.
Un mayor control sobre los recursos y una recaudación impositiva en aumento, junto con una constante actualización del catastro desde 2012 y el rastreo de miles de construcciones sin declarar por las que ahora se debe abonar el IBI son los elementos que han contribuido a dejar en el pasado los números rojos. Pero también tienen agujeros. Deudas de morosos de muy difícil, por no decir imposible, cobro. Su volumen al cierre del ejercicio presupuestario de 2017 ascendía a 440 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda.
La cifra es la más alta desde que se registran al detalle las cuentas municipales, pero aún así no ha impedido que los concellos repitan con superávit. El saldo de dudoso cobro supera en 20 millones el balance de 2016, un 4,5% más, que a su vez había sido el más voluminoso hasta la fecha.
En esta partida Hacienda incluye todos aquellos derechos pendientes de cobro que tienen las haciendas locales calificados como de difícil o imposible. Estas deudas las conforman tasas, impuestos, multas, facturas por servicios que prestan las empresas municipales, sentencias sin ejecutar en las que los ayuntamientos son perceptores de una indemnización u operaciones de monetarización de suelo en las que los promotores deben abonar a las arcas municipales una cantidad determinada de dinero. También figuran las obligaciones fiscales pendientes de satisfacer por parte de empresas que han quebrado.
La provincia donde los concellos tienen más volumen de cobros dudosos es la de Pontevedra, con casi 174 millones de euros, repitiendo de nuevo como cabeza de ranking. En segundo lugar figura A Coruña, donde sus ayuntamientos acumulan 153 millones de euros de muy comprometida recaudación. En los de Lugo y Ourense, las cifras son bastante inferiores con respecto a las provincias atlánticas. Los concellos lucenses tienen casi 54 millones de dudoso cobro, mientras que los ourensanos superan por poco los 59.
Las diputaciones solo tienen 12,1 millones de euros de difícil o imposible recaudación, aunque el Ministerio de Hacienda no detalla su distribución entre las cuatro corporaciones provinciales, de la misma forma que tampoco lo hace por ayuntamientos. Tan solo da los datos globales, pero en 2016 casi el 34% de la morosidad se la repartían las tres ciudades con más de 100.000 habitantes (A Coruña, Vigo y Ourense).
Cada año que pasa, las administraciones locales comprueban que hay determinados ingresos que no acaban de producirse a pesar a estar reconocidos sus derechos y que encima las perspectivas de poder hacerlo son cada vez más reducidas, por lo que finalmente tienen que reflejar el volumen de estas partidas en su informe de liquidación de los presupuestos que remiten al Ministerio de Hacienda para su control. Y en las cuentas de 2017 se ha alcanzado la cifra máxima, récord histórico, superando los 420,1 millones de euros el ejercicio anterior.
Corporaciones provinciales
Pero al contrario que los concellos, que no logran reducir el saldo de dudoso cobro -que en este caso tiene sentido debido a la imponente crisis que se acaba de dejar atrás y a la imposibilidad de que muchas familias y empresas pudieran atender todos sus gastos-, las diputaciones sí que han conseguido ir reduciendo sensiblemente la partida de saldos de muy difícil recaudación. Al cierre del ejercicio 2010, la morosidad se acercaba a los 26 millones de euros, rebajándose ahora a menos de la mitad.
En el conjunto de España, las cifras resultan mucho más abultadas, ya que los municipios tienen nada menos que 10.831 millones de euros calificados como de muy difícil recaudación. Una cifra que dobla los registros del años 2010, cuando este capítulo ascendía a 4.541 millones de euros. Pero mientras que el incremento de la media nacional entre 2016 y 2017 es de solo el 3,1% (apenas 330 millones más), en Galicia alcanzó el 4,5%.
Al margen de este capítulo de deudas de muy difícil recuperación, los municipios gallegos cerraron 2017 con algo más de 785 millones de euros pendientes de cobro ordinario, 29 más que la cifra registrada en 2016. Aquí se encuentran demoras en el abono de tasas, impuestos y sanciones, pero también aplazamientos y fraccionamiento en el pago de las obligaciones fiscales, así como los que están pendientes de impugnaciones y resoluciones judiciales, si bien todavía no dan motivos para que se califiquen como de dudoso cobro.
