La crisis que estalló a finales de 2008 en la economía mundial arrasó cientos de empresas en Galicia, en muchos casos por falta de financiación, pues las entidades crediticias cortaron el grifo en esa época. Para paliar esa situación, el Igape concedió préstamos y avales para que el tejido empresarial capease el temporal, aunque aparcó esas ayudas en 2013 y 2014 por las pérdidas que le acarreaban.
Consecuencia de aquel periplo, el Igape considera de "dudoso cobro" 53,2 millones de euros de diferentes sociedades a las que prestó ayuda económica, según la Conta Xeral de la Xunta correspondiente a 2017, última fiscalización disponible. En el caso de Xestur, la cifra asciende a otros 56 millones, por lo que entre ambos brazos de la administración el quebranto roza los 110.
Entre avales y préstamos, el instituto económico que controla la Consellería de Economía suma algo más de 248,5 millones de euros, distribuidos casi de forma equitativa: 124,3 y 124,2, respectivamente, según su informe contable al cierre del pasado mes de septiembre.
El Igape considera que gran parte de los avales concedidos a empresas para que lograsen financiación está en riesgo, etiqueta en la que engloba unos apoyos que suman 73, 8 millones.
El Igape aspira a rebajar esos números rojos en su balance. Tras la fallida subasta que encargó a Xestur, este organismo iniciará el proceso administrativo para tratar de vender de forma directa las cinco naves industriales y el local comercial sacándolos al mercado con el mismo precio en que fueron tasados: un total de 7,5 millones de euros.
