El sector de la construcción empieza a salir del agujero que dejó en sus cuentas el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tras la guerra de ofertas por los codiciados contratos de las administraciones que generó la crisis del ladrillo y la estampida de empresas al extranjero en busca de contratos con los que evitar echar el cierre y mandar a sus operarios a las colas del Inem, las constructoras gallegas cerraron 2018 con el mejor balance de obra pública de los últimos cinco años. Y lo hicieron por encima de la barrera de los mil millones de euros. En concreto, cerca de 1.204 millones, el doble que los 584,5 millones alcanzados el ejercicio anterior, según datos de la Federación Gallega de la Construcción. El tirón inversor de los ayuntamientos junto con la inyección de fondos del Estado están detrás del repunte de la licitación en la comunidad el año pasado.
En el caso de los concellos, la proximidad de las elecciones municipales del próximo mes de mayo ha hecho que sacasen a concurso casi el doble de obras que en 2017. En concreto, la inversión de las municipios gallegos en obra pública en 2018 rondó los 349 millones de euros frente a los apenas 176,8 de hacía un año, lo que supone un aumento del 97% y representa casi el 29% de la toda la tarta de licitación en la comunidad.
De hecho, las administraciones locales reservaron en 2018 la mayor partida de los últimos cinco ejercicios a contratos de obras y servicios. Entre 2014 y 2017 los ayuntamientos gallegos no habían superado en ningún ejercicio la barrera de los 200 millones, moviéndose en un volumen de licitación entre los 176 y los 194 millones.
Gobierno central
La mayor inyección de fondos a la obra pública en Galicia sigue en manos del Estado, ya que las grandes infraestructuras son costeadas con partidas del Gobierno central, entre ellas el AVE. Casi cuatro de cada diez euros invertidos en la comunidad gallega en obra pública el año pasado proceden del Estado, con un total de 457,19 millones licitados en 2018, casi seis veces más que los 81,6 millones asignados el ejercicio anterior.
A la cabeza de contratos sacados a concurso el año pasado en Galicia por parte del Ejecutivo central se coloca Adif, con casi 315 millones, seguido de las obras del Ministerio de Fomento (74,19 millones) y la Autoridad Portuaria de A Coruña (34,7). Lejos de estas cifras se quedan el resto de organismo del Estado, con contratos que oscilan entre los apenas 7.000 euros licitados por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y los poco más de 8,2 millones del Ministerio de Trabajo.
Por detrás del volumen inversor del Estado y los concellos se coloca la Xunta, que el año pasado sacó a licitación obras por más de 283 millones, casi un 24% más que el año anterior. En el caso de la administración autonómica, la Axencia Galega de Infraestruturas concentra el grueso de las inversiones -113,4 millones, casi el 40% de los contratos convocados por el Ejecutivo gallego-. Le siguen en el ranking Augas de Galicia (30,15 millones), el Instituto Galego de Vivenda e Solo (22,17), la Consellería de Cultura (21), la Consellería de Infraestruturas (14,8) y la Consellería de Educación (12,11). Las partidas destinadas a obra pública por parte del resto de entidades de la Xunta se movieron entre los poco más de 700 euros del Instituto de Consumo y los 11,56 millones de Portos de Galicia.Evolución
Aunque el trozo del pastel de obra pública que engulló el año pasado el sector de la construcción en la comunidad está alejado de las cifras alcanzadas antes del estallido de la crisis es el mejor balance del último lustro. Ante del pinchazo de la burbuja, el sector del ladrillo devoraba más de 3.000 millones anuales en contratos. Fue a partir de 2010 cuando la licitación cayó por debajo de los 2.000 millones y desde 2014 no se había superado la barrera de los 1.000.
La mejora de la economía, la nueva Ley de Contratos y la proximidad de las elecciones están detrás del notable repunte de la inversión en obra pública el año pasado.Provincias
Por provincias, Ourense y A Coruña, por este orden, registraron una mayor licitación, con 426,4 y 422, 4 millones, respectivamente. Lejos de estas cifras están los contratos sacados a concurso en Pontevedra (casi 269 millones de euros) y Lugo (86,15).
Y de entre los concellos, destaca el volumen inversor de Vigo, con más de 48 millones de euros. En total son 80 los ayuntamientos -uno de cada cuatro- que el año pasado se dejaron más de un millón en obra pública. En el segundo puesto del ranking municipal se coloca Pontevedra (17,8 millones), seguido de Arteixo (12,39), A Coruña (8,14) y Santiago (7,25).
Por debajo de los 100.000 euros de licitación se colocaron 48 ayuntamientos -el 15% del total en Galicia-. Los que menos invirtieron; Arnoia (28.325 euros) y Gomesende (33.980).
