Hasta que el futuro que gurús y publicaciones especializadas profetizan llegue y la tecnología se implante en el cuerpo humano para conectar directamente con la red, la implantación del teléfono móvil como elemento incrustado en todos los ámbitos de la vida cotidiana seguirá creciendo, con los ciudadanos cada vez más hiperconectados. Ese auge de las telecomunicaciones a través de las terminales de última generación cada vez más potentes afecta a la población en dos aspectos menos llamativos que las opciones que permiten esos ordenadores en miniatura. Por un lado, elevan los ingresos públicos. Por otro, generan una mayor instalación de antenas emisoras. Por ello, los ayuntamientos gallegos ingresaron un 25% más de recursos hasta superar los 11,9 millones al cierre de 2017. En ese período, se instalaron en la comunidad 639 nuevas antenas de telefonía móvil, casi dos al día, hasta sumar 11.702. Y en Galicia existen ya 4.653 contratos más con estas empresas que ciudadanos.

La autonomía municipal permite a cada consistorio aplicar un impuesto propio a las operadoras de telefonía móvil como el que les cobra el concello de A Coruña por el uso de la vía pública, pero las arcas locales también se benefician de un gravamen vinculado directamente a su actividad económica y de unas tasas relacionadas con las antenas instaladas y los clientes que tienen.

En el primer caso, se trata del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), gestionado y recaudado por el Ministerio de Hacienda, que luego distribuye su parte del pastel a concellos y diputaciones. En el segundo, se establecen unas cuotas de 632 euros para las empresas de telefonía móvil por cada 1.000 abonados y de 649 por cada transmisor instalado, siempre que su potencia supere los diez vatios, tal como establece la reforma de 2002 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El auge del móvil como elemento casi indispensable para la vida cotidiana ha provocado un aumento de las antenas instaladas en la comunidad. En 2017 se instalaron 639 y elevaron la cifra total a 11.702, un 5% más que el ejercicio anterior, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda. Son más del doble que las 5.369 de 2011.

El Eje Atlántico copa la mayoría de infraestructuras. A Coruña cuenta con 4.599; Pontevedra, con 3.510; Lugo, con 1.939; y Ourense, con 1.654. Estas cifras generan 4,6 millones al año, a una media de 397 euros por unidad. La diferencia con la cuota legal establecida para cada una corresponde a la administración estatal.

Mediante esta vía, los ayuntamientos de A Coruña percibieron 1,8 millones; los de Pontevedra, casi 1,4; los de Lugo, 769.000 euros; y los de Ourense, 656.000, según Hacienda.

Más reducidas son las aportaciones vinculadas a los clientes de cada operadora. En A Coruña estos suman 1,1 millones por los 944.346 de Pontevedra; 336.527 en Lugo; y 314.853 en Ourense, lo que supone unos ingresos para los concellos de estas provincias de 409.223 euros, 345.887, 123.260 y 115.321, respectivamente. En total, 993.691.

La parte más grande del pastel fiscal a la telefonía móvil procede directamente del IAE. Hacienda repartió 2,6 millones entre los concellos coruñeses; 1,9 millones entre los pontevedreses; 917.168 euros entre los lucenses; y 752.643 entre los ourensanos.

Esta cesión de recursos también beneficia a las diputaciones provinciales, que pierden 700.000 euros respecto a 2016 hasta repartirse 1,7 millones. De ellos, 331.911 euros proceden del IAE y 1,4 millones de las cuotas por antenas y clientes de las compañías, según Hacienda.

En el primer caso, A Coruña obtiene 141.200 euros; Pontevedra 102.827; Lugo, 48.272; y Ourense, 39.612. En el segundo, 562.832, 434.686, 223.76 y 192.917, respectivamente.