El debate competencial será secundario frente a la batalla política de la Xunta contra lo que considera una aldraxe a Galicia en los primeros presupuestos del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, que rebajan un 19% la inversión territorializada en la comunidad hasta situarla en 757 millones de euros, la más baja desde 2002.
"No vamos a abrir un periodo para hablar de lo que le interesa al Gobierno socialista y tapar lo que está haciendo en Galicia, que es disminuir sus inversiones. Y no vamos a servir de coartada para que el Gobierno socialista, tanto con el independentismo catalán como en País Vasco, haga las transferencias que le dé la gana", advirtió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Aun así, la oposición lo retará a demostrar su apuesta por el autogobierno señalando un lote competencial a demandar sobre el que el PP deberá posicionarse.
La negociación de los presupuestos generales marca el contexto de esta discusión. El Gobierno de Sánchez abrió un diálogo con Euskadi para cederle 33 competencias, incluidas en el Estatuto de Autonomía, y así tratar de lograr el apoyo del PNV a sus cuentas. Lo mismo hizo antes con el independentismo catalán, además de elevar la inversión en esta comunidad más de un 50%, como en Valencia. Pese a ello, el gasto per cápita sigue siendo mayor en Galicia que en las tres anteriores y el Gobierno alega que presupuesta lo que realmente podrá ejecutar durante el año.
De hecho, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, justificó ayer los fondos destinados a Cataluña en un artículo en La Vanguardia, al que replicó Feijóo. "Felicito al Gobierno catalán, pero no puedo aceptar que el déficit de infraestructuras más grande de España sea en Cataluña", dijo tras asegurar que se paralizarán infraestructuras en Galicia si no se mejora la asignación estatal. Hace días, Feijóo alzó la voz para blandir el derecho de Galicia al mismo nivel de autogobierno que las dos comunidades con las que comparte estatus de nacionalidad histórica, tras apoyar una iniciativa del BNG en esa línea. Eso sí, un día después matizó que es inoportuno abrir ese debate sin resolver el conflicto catalán. Su queja, sin embargo, no se produjo en 2017, cuando el entonces Gobierno de Rajoy se sentó a negociar los mismos traspasos con el País Vasco con la intención de aprobar sus cuentas.
Pese a ello, Feijóo rechazó el "velo de las transferencias" para centrarse en lo que interesa a la Xunta: revertir la "falta de respeto inaceptable" a Galicia en los presupuestos, cuya aprobación resulta más complicada que nunca tras avanzar ayer ERC su rechazo. "Nosotros a lo nuestro: presupuestos del Estado, dinero que nos deben del 2018 [en referencia a 198 millones de recaudación del IVA retenidos por el Ministerio de Hacienda] y transferencia de la AP-9", expuso Feijóo ayer en Santiago.
La oposición, sin embargo, se aferró a la exigencia competencial previa de Feijóo, que no ha recibido ningún traspaso en sus diez años como presidente, para retarlo. El Parlamento será el escenario.
El portavoz de En Marea, Luís Villares, avanzó que propondrán pedir al Gobierno diez transferencias: tráfico y seguridad vial, policía integral, servicio de cercanías ferroviarias, ordenación del sector pesquero, seguridad marítima, gestión del dominio público marítimo-terrestre, puertos de interés general, inspección de trabajo, salud penitenciaria y gestión de becas. "No se puede ser autonomista y centralista al mismo tiempo", resumió el referente rupturista.
Los socialistas elevan a 30 las reclamaciones, según expuso el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, que incluyó en el paquete la titularidad de la AP-53 y tráfico, cesión que tumbaron PSOE y PP en el Congreso en 2010 tras ser reclamada por unanimidad en Galicia dos años antes. Misma postura mostró la nacionalista Ana Pontón, para la que Feijóo deberá mostrar ahora su compromiso autonomista. De no hacerlo, añadió, evidenciará su "travestismo político". La próxima semana defenderá una iniciativa en la Cámara gallega para reclamar la gestión en salvamento marítimo e inspección de barcos. "Es la mejor forma de evitar catástrofes como la del Prestige", argumentó.
