La nulidad de las escuchas telefónicas ha dado al traste con una investigación que se remonta a hace ya más de diez años: una supuesta trama de manipulación de cuentakilómetros en cientos de concesionarios y talleres de Galicia, Asturias y Castilla y León para vender los vehículos trucados a un precio mayor en el mercado de segunda mano. La Audiencia de A Coruña dio ayer carpetazo a la operación Trucarro con la absolución de los 16 acusados en el proceso al declarar nulas las intervenciones telefónicas por un defecto de forma durante el trámite de cuestiones previas. Esta decisión, según concluye la sentencia, ha marcado "el devenir del procedimiento", ya que afectaba al resto de las pruebas obtenidas con posterioridad al estar contaminadas.

Entre la veintena de empresas investigadas por el trucaje de más de 300 vehículos de segunda mano en las cuatro provincias gallegas, había tres establecimientos del entorno de A Coruña, otro en la zona de Guitiriz con 40 y un grupo en Sada que también supera los 40. El fallo dictado ayer por la Audiencia de A Coruña absuelve a los 16 acusados de los delitos de estafa y falsedad que se les habían atribuido por los que se enfrentaban a penas de entre un año y nueve meses y dos años y seis meses de prisión.

La sentencia recoge en sus hechos probados que "no ha quedado acreditado que los acusados llevaran a cabo una actividad preordenada a la venta de vehículos de segunda mano generando una apariencia de kilómetros recorridos que no se correspondía con la realidad".

"No parece lógico celebrar un juicio que se iba a prolongar casi un mes y medio, obligando a más de un centenar de personas y a numerosos profesionales a comparecer ante un tribunal cuando desde un principio se tiene constancia de la irregularidad cometida", concluye la Audiencia de A Coruña.

En el fallo, el tribunal alude a la "actitud pasiva" que -considera- mantuvieron tanto del fiscal como de las acusaciones particulares ante la impugnación de las escuchas telefónicas, ya que, según advierte, no trataron de "acreditar su legitimidad una vez que una de las defensas las impugnó meses antes del comienzo del juicio".

"Tampoco reaccionaron cuando fue planteada en el trámite de cuestiones previas, ni días después cuando se reanudó el juicio y el tribunal preguntó a las partes si existía algún obstáculo a que se resolviese la nulidad de las escuchas planteada", recalcan los jueces, quienes sostienen que "el intento" del Ministerio fiscal de aportar la documentación una vez el tribunal había declarado la nulidad de las intervenciones es "claramente improcedente por extemporáneo".

El principal encausado en la operación Trucarro era el alemán Johann Grimm, propietario de la empresa Truck and Car Technology Systems creada en 2001 en la localidad coruñesa de Teo en la que se supone que él y otros cuatro empleados alteraban los dispositivos de señalización del kilometraje de los vehículos para venderlos a más precio en concesionarios de toda la comunidad.