En el anteproyecto de ley de medidas para afrontar la sequía se recoge la obligación de que los ayuntamientos deberán fomentar el consumo responsable del agua y repercutir en el recibo todos los costes derivados del abastecimiento, distribución y depuración, algo que no se hace de forma habitual. Ante esto, la Consellería de Infraestruturas quiere destacar que en la futura norma tan solo se recogen los principios de la Directiva del Agua de la UE y de otras leyes del Estado y de Galicia sobre la obligación de las administraciones públicas competentes en la gestión del agua, que son los municipios, "de aplicar el principio de recuperación de costes y de repercutirlos en los usuarios finales".

Al tratarse de una competencia municipal, la Xunta dice que no es su responsabilidad controlar los recibos del agua que emiten los ayuntamientos ni forzarles a subir las tarifas para cubrir los costes del servicio. Infraestruturas destaca que lo principal de la futura ley de medidas ante episodios de sequía es la creación de un marco normativo que fija como actuar con agilidad cuando se produzca un periodo de escasez de lluvias o una alerta sanitaria que comprometa el abastecimiento de la población.

Entre las medidas destaca la elaboración de planes de emergencia y que los concellos y Augas de Galicia diseñen sistemas con indicadores o alertas que permitan identificar con antelación las posibles sequías, además de tener previstas actuaciones de ahorro y un suministro alternativo.

También subraya el protocolo para dar agilidad en el caso de sea necesario realizar obras, tanto en trámites expropiatorios como en otros pasos administrativos, encaminadas a garantizar el suministro de agua.