10 de febrero de 2019
10.02.2019

Casi 2.500 denuncias por la ofensiva en la vigilancia tras la ola de fuegos de 2017

Los expedientes de 2018 suponen un 23% más que los abiertos el año anterior - La provincia de Pontevedra suma la mitad de los casos y A Coruña, poco más del 10%

10.02.2019 | 00:59
Las llamas rodearon por completo Chandebrito (Nigrán) en octubre de 2017.

La devastadora ola de incendios de octubre de 2017, en la que ardieron casi 50.000 hectáreas en poco más de un fin de semana y fallecieron cuatro personas, obligó a la Xunta re repensar su modelo de lucha contra el fuego y a articular una treintena de medidas de urgencia para combatir las llamas, junto con el refuerzo de la vigilancia en el monte para prevenir comportamientos temerarios y sancionar acciones irregulares. Durante el pasado año, la Policía Autonómica realizó 13.312 inspecciones en el ámbito de la lucha contra los incendios y la ofensiva acabó con 2.440 denuncias presentadas, un 23% más que las registradas el año anterior.

Los agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma detectaron como principales comportamientos irresponsables merecedores de una denuncia las quemas sin autorización, el dejar sin limpiar de maleza las franjas de seguridad alrededor de núcleos de población, naves o instalaciones fabriles o los cambios de usos del suelo una vez que las llamas arrasaran con el terreno, un actuación que está prohibida por ley. También se muestran apercibimientos por talas de madera sin permiso tras un incendio o soltar el ganado a pastar en las primeras hierbas que salen tras las llamas.

La mayor actividad inspectora y también de apertura de expedientes se produjo en Pontevedra, la provincia más afectada por la ola de incendios de octubre de 2017, que tuvo su zona cero en Chandebrito, parroquia del municipio de Nigrán.

Entre las unidades de la Policía Autonómica destacadas en Vigo y Pontevedra realizaron casi 6.700 inspecciones y se cursaron 1.282 denuncias, la mitad del balance anual en toda Galicia. En el área de Vigo, los agentes practicaron 4.006 inspecciones sobre el terreno, que derivaron en 617 expedientes abiertos vinculados a acciones irregulares con el fuego. Estas cifras contrastan con los resultados registrados en el resto de la comunidad gallega. En la provincia de A Coruña, las inspecciones apenas llegan a las 2.600, mientras que las denuncias fueron 276 -11% del total-. En Ourense, otra provincia con profusión de incendios durante todo el año, los números son más modestos. Se superaron por poco los 200 expedientes. Y en la de Lugo sí que se registró un notable número de denuncias, con 674, siendo casi la mitad de las inspecciones que realizaron durante el año.

La Policía Autonómica está cerrando el balance de 2018 sobre su actividad en la lucha contra los incendios, pero de las casi 2.500 denuncias formuladas el año pasado, 157 corresponden a cambios de uso de suelo realizado por los propietarios de fincas tras ser estas arrasadas por las llamas.

Este tipo de expediente se ha incrementado año tras año desde 2011 hasta 2018, primer ejercicio en el que se produjo una reducción tras alcanzar el máximo histórico en 2017 con 269 denuncias por cambiar el uso del suelo. En 2016 habían sido 186 y un año antes, 179.

Además de las medidas puestas en marcha por la Xunta tras los incendios de octubre de 2017, posteriormente el Parlamento gallego aprobó un dictamen en el que se plantearon nuevas acciones para combatir el fuego, entre las que figuran un revisión a fondo del servicio de prevención y extinción que afectaría al número de efectivos, su profesionalización, el papel de las brigadas municipales, la integración en el 112 o la creación de un nuevo ente público instrumental, dependiente del Gobierno gallego, que coordinaría la tareas de prevención de todas las administraciones en la comunidad y se encargaría de vigilar los incumplimientos recogidos en la normativa de incendios y de política forestal.

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