12 de febrero de 2019
12.02.2019

Cinco años y tres meses de cárcel para un alto funcionario del Concello de Vigo por enchufar a una cuñada de Silva

Se le imponen también 9 años de inhabilitación para el desempeño de cargo o función pública

12.02.2019 | 20:54
Francisco Javier Gutiérrez Orúe durante el juicio. // Marta G. Brea

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ya emitió sentencia en el caso del enchufe de la cuñada de Carmela Silva. El fallo impone 5 años y 3 meses de cárcel, y otros 9 años de inhabilitación, a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, alto funcionario del Concello de Vigo y jefe del servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello de Vigo. La Fiscalía pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación.

La sentencia también condena a año y medio de cárcel a Ramón C. A., ex administrador de Imesapi, así como a dos y medio de inhabilitación absoluta. En el caso de este empresario, el tribunal destaca "la actitud colaboradora" que tuvo durante la investigación, "facilitando de forma voluntaria toda la documentación que le era requerida". Por este motivo se le aplica un atenuante de colaboración. Además, a ambos condenados se les beneficia también con la atenuante de dilaciones indebidas.

La Audiencia considera probado que el funcionario y el gerente de la empresa urdieron un plan "con objeto de beneficiar económicamente a Vanesa F.B., persona vinculada familiarmente a un miembro de la Corporación Municipal de Vigo". Dicho plan tenía como objeto la contratación de esta mujer "de una forma oculta y al margen de los sistemas legales de oferta pública de empleo".

La sala señala que el alto funcionario del Concello era conocedor de que en la concejalía de la que dependía "existían remanentes de liquidez económica" y, aunque él no tenía el control directo sobre esos fondos públicos, "la confianza existente en él" no impediría que la retribución de Vanesa F. fuese abonada "a costa de fondos del ayuntamiento".

En su declaración, Gutiérrez aseguró que jamás había dado el nombre de Vanesa para que la contrataran. La cuñada de Silva, por su parte apuntó que logró su trabajo tras "entregar el currículum" en Imesapi.

Además de la responsabilidad penal, ambos procesados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento en la suma de 108.147,22 euros más intereses por esos contratos.

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